En medio de la polémica por la quita de pensiones por invalidez -que el gobierno prometió "revisar" para detectar casos en que fueron "mal sacadas"- dos comunas de esta provincia aparecen con más beneficios otorgados que habitantes radicados. Se trata de Guanaco Muerto (en el norte, departamento Cruz del Eje) y La Rinconada (en el departamento Río Seco).

Desde la delegación cordobesa del Ministerio de Desarrollo Social, confirmaron que en ambas poblaciones se detectó esta situación irregular que, por otro lado, sigue el mismo patrón que publicó en setiembre pasado este diario cuando reveló que, según datos oficiales, en la Argentina se pagaban 1.037.931 pensiones no contributivas por invalidez, el equivalente al 2,58% de la población total y al 6,9% de la Económicamente Activa (PEA).

El modelo implicaba que gente de pueblos vecinos se trasladaban a los lugares donde era "más fácil" tramitar la pensión, lo que implicaba un centro de salud vinculado al poder político donde se simplificaba la obtención del certificado o profesionales dispuestos a firmar una discapacidad del 76% o más.

En Córdoba -donde en las últimas semanas se canceló el 4% de los beneficios- los mayores problemas se detectaron en Guanaco Muerto, unas pocas casas en dos manzanas y otras dispersas en la zona rural; es una zona paupérrima casi desértica, los pobladores que trabajan (la mayoría en "changas") van a Cruz del Eje, a 35 kilómetros.

Es toda una zona donde el Mal de Chagas es endémico y los certificados por esa enfermedad son los que, en su mayoría, se usan para tramitar las pensiones por discapacidad. Uno de los debates es que, con esa afección controlada, el nivel de incapacidad no alcanza al 76% exigido.

Domingo Soria, jefe comunal de Guanaco Muerto desde hace 14 años por el peronismo, cuenta que en el último censo figuran 699 personas, con un ejido municipal de 40 kilómetros con muchos parajes dispersos, por lo que estima que en total son unas 1.400 personas.

"Hace dos años estuvieron auditores y nos mostraron padrones, los acompañamos a algunos parajes -continúa-. Había mucha gente que ya no vivía en la zona y que ya estaba directamente jubilada. La gente se está yendo porque no hay futuro; habría que pagarle para que se queden".

En La Rinconada -pueblo de similares características- la facilidad para conseguir la pensión hizo que de algunas poblaciones santiagueñas cercanas cambiaran de domicilio por un tiempo e hicieran el trámite.

El ex intendente Rodolfo Capellini (peronista del Frente Cívico) reconoció a LA NACION que en su gestión -2006 al 2014, antes ocupó el cargo entre 1991 y 1995- se "trabajó fuerte" en esa área: "No soy nadie para negarme, si una persona tenía derecho a acceder, receptábamos la documentación y la mandábamos a un Centro de Referencia de Desarrollo Social; muchas volvían y muchas salieron".

En el diálogo admitió que "venían de departamentos vecinos y del norte cordobés, cambiaban el domicilio y cuando se pensionaban, volvían". Ante la observación de este diario de que se trata de una maniobra irregular, respondió: "No dependía de nosotros". Insistió en que una asistente social explicaba a la gente "en detalle los inconvenientes que podía tener al buscar empleo".

Después, desde distintas fuerzas políticas -incluido el oficialismo- dijeron que pedirían auditorías, informes y revisiones porque había evidencias de un manejo discrecional.


LA NACIÓN