El Gobierno ultima los detalles del proyecto que presentará para modificar la actual ley de semillas, y la principal novedad es que, salvo los productores chicos, una amplia mayoría del sector de la cadena productiva tendrá que pagar si decide guardarse semilla de soja de su propia cosecha para volver a sembrarla en la campaña siguiente.
Vigente desde 1973, cuando la soja apenas se asomaba en la agricultura argentina, la ley de semillas de ese año concedió a los agricultores la figura del uso propio. Esto es, cosechada la soja podían reservarse toda la cantidad de semilla que quisieran para sembrarla en la siguiente campaña sin pagarles nada a las empresas semilleras que desarrollaron la semilla. Según las compañías de este rubro, ese uso propio terminó distorsionándose, ya que apelaron a este mecanismo por igual tanto productores chicos, necesitados de esa figura, como aquellos dueños de miles de hectáreas que podían comprar nuevamente la semilla.


Sólo en la soja y el trigo los productores pueden reproducir las semillas por las características de éstas. En cambio, en maíz no lo pueden hacer, ya que tendrían fuertes mermas en los rindes. Por lo tanto, deben comprarla todos los años para sembrar.
Según LA NACION, en estos días en el Ministerio de Agroindustria se discuten al menos tres versiones para modificar la ley de semillas, y todas apuntan a reducir el uso propio gratuito. "El principal tema es que se va a acotar el uso propio gratuito, que la ley actual no limita. Habrá que pagar", dijo una fuente que pidió reserva de su identidad. Según detalló, serán muy pocos los artículos que se cambiarán de la actual ley, ya que el foco pasará por acotar el uso propio gratuito, reconocer las nuevas tecnologías -en 1973 no existía la biotecnología- y definir cómo se protegerá la propiedad intelectual.

En esta línea, el corte de quienes estarían eximidos de pagar se está evaluando según tres opciones: por facturación del productor, por cantidad de hectáreas o por la inclusión o no en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf), que lleva el Ministerio de Agroindustria y superaría los 90.000 núcleos de agricultura familiar. Quienes no estén incluidos en la línea de corte deberán pagar a las empresas de semillas y tecnología por hacer uso propio de la semilla.
Vale recordar que en 2012 el anterior gobierno intentó promover una modificación a la ley para eximir a los productores del Renaf para que pudieran seguir con un uso propio gratuito. Sin embargo, por internas entre el entonces ministro de Agricultura Norberto Yauhar y el entonces secretario de Agricultura Familiar Emilio Pérsico, la iniciativa se frenó.
En el caso en que se decida sobre la modalidad del corte por hectárea, trascendió ahora que podrían quedar exceptuados quienes estén en el rango de entre 100 y 200 hectáreas. De todos modos, se debate si eso figurará en la misma ley o en su reglamentación.
Un tema ríspido es cuánto tiempo deberán pagar los productores a las empresas de tecnología por hacer uso propio de la semilla. Las entidades rurales creen que eso no debería ser más allá de una campaña o dos. Trascendió que una posibilidad es que los productores que deban pagar por el uso propio lo tengan que hacer durante tres años.
Respecto del monto a abonar, el proyecto de modificación de la ley no fijará un tope, lo que quedaría en manos del sector privado. "La ley no va a decir cuánto hay que pagar", señaló la fuente consultada.

El Ministerio de Agroindustria apuró la modificación de la ley de semillas tras cerrar la pelea con la multinacional Monsanto por los controles que de manera privada hacía esta empresa en los puertos para cobrar por su soja Intacta, resistente a insectos. En esta línea, la nueva ley de semilla fijará de manera determinante que el reconocimiento de la propiedad intelectual sólo se hará en la compra de la semilla. Es decir, descartará cualquier pago en el grano cosechado.
Para cerrar la disputa con Monsanto, el Gobierno puso en marcha, entre otras medidas, una resolución que habilita testeos obligatorios sobre la soja de la campaña 2015/2016 a cargo del Instituto Nacional de Semillas (Inase). Ya no es Monsanto quien hace los controles. Diversas bolsas de cereales del país hicieron convenios con el Inase para hacer operativo el control. Si hay un productor en infracción, el propio Inase lo sanciona.
De acuerdo con las fuentes consultadas, antes de presentarlo en el Congreso para su debate, el Gobierno mostrará el proyecto final de ley de semillas ante los representantes de la Comisión Nacional de Semillas (Conase), donde, entre otros actores, están las entidades del agro. Eso sería en la semana entrante.