Un informe privado de un analista cercano al Gobierno muestra con elocuencia el costo fiscal de los subsidios al servicio de gas. Sólo el año pasado, los usuarios (residenciales, comercios, industrias y estaciones de GNC) pagaron en total unos US$ 4600 millones a través de sus facturas, mientras que el Estado puso US$ 3200 millones. El aumento de las tarifas que el Ministerio de Energía, a cargo de Juan José Aranguren, tiene listas para implementar buscarán darle otro balance a esa cuenta: que el Gobierno ponga menos y los consumidores, más.

Es un ajuste a pedido de las necesidades del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, quien enfrenta planillas que indican que el déficit fiscal está lejos de reducirse sustancialmente, al menos en el primer bimestre de este año.

Aunque los aumentos de gas rondarán el 300%, es difícil asegurar que se tratará de una política de shock, como suele aclarar Aranguren, en especial porque los subsidios continuarán existiendo. Por ejemplo, persistirá la tarifa social para los consumidores de bajos ingresos.

En el caso eléctrico, ese mecanismo permitió que unos 2,7 millones de clientes no paguen por un bloque de energía, y enfrenten un precio módico cuando superan ese consumo.

La gama de aumentos empezaría en 40% y podría alcanzar el 300%, siempre según el tipo de tarifa. Desde hace tiempo están definidos los números del segmento mayorista. Los consumidores residenciales pagarán en promedio $ 70 por millón de BTU (la unidad de medida) por el gas mayorista, 124% por encima del precio actual. En dólares, pasará de poco más de US$ 2 a US$ 4,70.

El impacto del aumento en la factura puede ser muy variable porque hay unas 1300 tarifas distintas de gas para usuarios residenciales en todo el país, que tendrán un ajuste distinto según diversas variables, como el hecho de recibir subsidios o no. También habrá premios al ahorro, igual que en la electricidad.

Las estaciones de GNC, por caso, pagarán poco más de $ 52,50, que representa un incremento del 41%, mientras que el valor para usinas casi se duplicará, hasta los $ 78.

La intención del Gobierno es que después de los aumentos las compañías estén en equilibrio, algo que hoy no ocurre. En ese momento comenzarán a exigirles inversiones en el mantenimiento y la ampliación de las redes.

En febrero, Aranguren disolvió la Unidad de Renegociación de Contratos, más conocida como Uniren, toda una institución en el sector. Fue un paso fundamental para avanzar en el aumento de tarifas. Había sido creada en julio de 2003 para renegociar los contratos de obras y servicios públicos, pero su tarea quedó deslucida cuando el presidente Néstor Kirchner no implementó las alzas acordadas con las empresas.

Es muy probable que las naftas vuelvan a aumentar, como lo hicieron dos veces en lo que va del año. Al menos esa es la intención de las petroleras, como YPF, Axion, Shell y Oil. En marzo, los combustibles subieron en todo el país en torno al 6%, un número similar al de diciembre.

Las petroleras explican los ajustes por la devaluación. En diciembre el Gobierno convalidó un salto cambiario en torno al 40%, pero esa brecha se incrementó en la última semana con la escalada del dólar (pese al retroceso de los últimos dos días). Eso se debe a que las petroleras venden los combustibles en pesos, pero pagan el petróleo a un precio dolarizado. De manera que la depreciación de la moneda local las obliga a desembolsar más billetes. En dólares, las naftas en la Argentina están alrededor de 1 dólar el litro, un valor similar al del resto de la región.

Para compensar la presión del tipo de cambio sobre los combustibles, el Gobierno autorizó en la primera parte del año la importación de petróleo, que se paga a precio internacional, la mitad que el valor en el mercado interno. No se descarta que vuelva a acudir a esa estrategia para moderar los aumentos, que habitualmente siguen a la devaluación.

La Nación