Entre los últimos días de diciembre pasado y la primera mitad del corriente mes de enero más de 20 municipios del interior provincial se vieron obligados a declarar la emergencia como una medida de excepción para afrontar la delicada situación económica y financiera que los nuevos intendentes heredaron de la gestión anterior.

En la noche del martes, el Concejo Deliberante de Salsacate aprobó la emergencia municipal por doce meses a pedido del jefe municipal José Figueroa. 

De esta forma, todos los acreedores deberán presentarse ante la administración local con sus respectivas facturas para reclamar el pago de las deudas. La medida también servirá como una suerte de blindaje para afrontar potenciales juicios laborales o de prestadores de servicios.

“A fin de mes tenemos que abonar 300 mil pesos de distintos cheques que dejó las anteriores autoridades y un poco más de 700 mil pesos en concepto de sueldos. La Provincia nos ayudó a fines de diciembre con un adelanto de coparticipación con el cual pudimos abonar el aguinaldo al personal pero nos quedamos sin un peso. Recién ahora que tenemos la nueva Tarifaria sancionada comenzaremos a cobrar las tasas municipales. Mientras tanto, la emergencia era la única salida que teníamos ante esta crítica coyuntura”, destacó el radical José Figueroa.

Además de Salsacate, también declararon la emergencia económica y financiera en el último mes las administraciones radicales de Morteros y Bell Ville, las justicialistas de San Carlos Minas, Saldán, Unquillo, La Cumbre, Bulnes, Freyre, Las Arrias, San José de la Dormida, Alicia y Serrano y las vecinalistas de Cosquín y San Marcos Sierras.

Con anterioridad, en los meses de octubre y noviembre ya habían dispuesto esta medida de excepción los Concejos Deliberantes de Río Tercero y Colonia Caroya.

De todas las intendencias mencionadas la única que no cambió de autoridad el año pasado es la de Río Tercero, gobernada por el radical Alberto Martino. Este jefe municipal es el único que no puede culpar a su antecesor por la mala situación económica de la administración que coordina desde hace más de cuatro años.

Si bien el nuevo Gobierno de Córdoba entregó adelantos especiales de coparticipación a unos 90 municipios (entre ellos la propia capital gobernada por Ramón Mestre), los que están en situación crítica son los mencionados más algunas pequeñas comunas de menos de 1.000 habitantes.

Si se tiene en cuenta que la Provincia tiene 427 administraciones municipales y comunales en total, que entre 20 y 25 se encuentren en emergencia sigue siendo un número reducido, por lo que no puede generalizarse el diagnóstico de que todos los gobiernos locales de Córdoba padecen desequilibrios financieros. No obstante, el panorama igual es complicado puesto que la coparticipación que llega de la Provincia no es tan alta como la esperada. Como triste contrapartida los aumentos de salarios y de insumos siguen siendo elevados y desequilibran año tras año las cajas municipales aún de aquellas que son gobernadas de manera austera.