La Cámara de Diputados convirtió esta madrugada en ley el proyecto que habilita el acuerdo entre el Gobierno y Repsol por la expropiación del 52 por ciento de las acciones de YPF en una suma de dinero de 5 millones de dólares en títulos a la compañía española.



La propuesta ya había logrado la media sanción del Senado el 27 de marzo pasado y fue aprobada hoy por 135 votos a favor, 59 en contra y 42 abstenciones.

El debate, el primero del año, que tenía como único tema el tratamiento del convenio con Repsol,empezó pasado el mediodía con la advertencia de abstenciones de parte de Pro y del massismo. Todos los partidos que integran el Frente Amplio-UNEN se pronunciaron en contra, como Unidad Popular, de Claudio Lozano, y el Frente de Izquierda (FIT).

Al iniciar la sesión, el presidente de la comisión de Energía y Combustibles, Mario Metaza (FPV- Santa Cruz), afirmó que "es invalorable haber concluido la operación en manera amistosa" el conflicto que mantenía el Gobierno con la española Repsol.

Por su parte, el presidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara baja, el oficialista Roberto Feletti, dijo que la deuda que se emitirá para pagar la expropiación de YPF, "es para comprar un activo" y acusó a la oposición de hablar "en términos tan falaces buscando la desvirtuación de políticas de Gobierno".

El santacruceño Eduardo Costa fue el encargado de anunciar el voto negativo de la UCR al proyecto oficial porque, según argumentó, "significa priorizar la deuda externa por sobre la deuda interna".

La diputada por la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió fue mucho más beligerante. Denunció que en las últimas dos décadas hubo "una asociación ilícita" en torno de la privatización y posterior reestatización de YPF. Y lanzó: "Aquí muchos van a ir presos: españoles y argentinos".

Carrió también mantuvo un fuerte cruce con la diputada kirchnerista Nanci Parrilli, cuando acusó a su hermano y secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, de ser "cómplice del vaciamiento" de la empresa. Incluso dijo que en su etapa de diputado "fue parte de la entrega de YPF, en 1992".

La jefa del bloque del oficialismo, Juliana Di Tullio, cerró la ronda de discursos antes de la votación y cargó las tintas contra la oposición. "El futuro es inmenso para la Argentina, demanda una enorme responsabilidad, cosa que no se ha visto hoy en este parlamento por parte de la oposición. No es responsable votar negativamente", dijo.

"Nosotros no nos vamos a ningún lado, el futuro somos nosotros. Ustedes creen que se termina, ustedes nos obligan a ganar", lanzó ya a lo último de su alocución. Y finalizó: "Vamos a volver a ser gobierno, en el 2015 nos vamos a volver a hacer cargo de este país y lo vamos a llevar donde hay que llevarlo".

ABSTENCIONES

El macrismo anticipó que se abstendría de votar el proyecto, al tiempo que subrayó que "no será" ese espacio "el que obstaculice un acuerdo que plantea finalmente una normalización institucional y certeza contractual".

Federico Sturzenegger, legislador de esa fuerza apuntó que "la renta petrolera va a estar dedicada a pagar el alto costo financiero de la operación de la empresa YPF", dado que el acuerdo sellado con Repsol "tiene un costo financiero muy alto".

En la misma línea, el Frente Renovador también indicó que se abstendría. Sin embargo, Gilberto Alegre, integrante del bloque que tiene como referente a Sergio Massa, ausente en la sesión especial en la que se debatió el acuerdo, reconoció: "Arreglar con Repsol es necesario y conveniente. El que expropia debe pagar. Argentina debe volver al mundo y arreglar la situación con los acreedores externos".

EL ACUERDO

En el acuerdo firmado con Repsol, el gobierno argentino se comprometió a promulgar antes del 1 de mayo la ley votada por el Congreso, con el aval al acuerdo y la autorización para la emisión de los títulos públicos que serán destinados al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.

La iniciativa oficialista contempla una compensación de 5.000 millones de dólares en títulos públicos "por la expropiación" del 51 por ciento del capital accionario que tenía Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados por este litigio.

Ya aprobado por el directorio de Repsol, el "convenio de solución amigable y advenimiento de expropiación" contempla la entrega de cuatro tipos de bonos, con rentabilidad en dólares que va de 7 a 8,75% y que el Estado empezará a pagar el año próximo, al filo del recambio de gobierno, y saldará del todo dentro de 20 años. La emisión más importante será de un bono nuevo (Bonar 2024) por 3250 millones de dólares, a 10 años, con una tasa de 8,75%. A eso se sumarán US$ 500 millones en Bonar X (vence en 2017, con una tasa de 7%) y US$ 1250 millones en Discount 33 (20 años; a 8,26%).