En una sesión especial que se iniciará cerca del mediodía y que se extendería hasta pasada la medianoche, los diputados kirchneristas buscarán completar el trámite parlamentario, tras la media sanción dada a la iniciativa por el Senado el 27 de marzo pasado.

Para iniciar la sesión, el oficialismo descuenta que alcanzará el quórum de 129 diputados a partir de la presencia de los integrantes del bloque del Frente para la Victoria y de los aliados del Frente Cívico de Santiago del Estero, de Nuevo Encuentro, del Movimiento Solidario Popular, del PJ La Pampa y de una de las integrantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Además, los otros dos diputados del MPN también apoyarán el proyecto por ser una temática de especial interés para la economía neuquina y por estar referenciados con el senador Guillermo Pereyra, que en la Cámara alta, y como presidente de la comisión de Energía, llevó la voz cantante en favor del proyecto.

Desde el PRO anticiparon que se abstendrán al momento de la votación, al tiempo que subrayaron que "no será" ese espacio "el que obstaculice un acuerdo que plantea finalmente una normalización institucional y certeza contractual".

En tanto, los que ya definieron sus votos negativos al proyecto son los bloques del radicalismo, Frente Amplio Progresista, UNEN, Unidad Popular y Frente de Izquierda, entre otros.

El horario de inicio de la sesión y la metodología de trabajo se terminará de definir durante una reunión convocada para las  10.15, de la que participarán los presidentes de bloque.

En el acuerdo firmado con Repsol, el gobierno argentino se comprometió a promulgar antes del 1 de mayo la ley votada por el Congreso, con el aval al acuerdo y la autorización para la emisión de los títulos públicos que serán destinados al pago del resarcimiento, además de los avales de garantía.

El entendimiento entre el gobierno argentino y Repsol fue el fruto final de las negociaciones encaradas a partir de fines de noviembre último, luego de que ambas partes firmaran un acuerdo previo que contó con el aval de los principales accionistas de la compañía y de los gobiernos de España y México.

El acuerdo contempla una compensación de 5.000 millones de dólares  en tí­tulos públicos "por la expropiación" del 51% del capital accionario que tení­a Repsol en YPF y el compromiso de ambas partes de dar de baja los reclamos judiciales iniciados por este litigio.