En un profundo cambio de su política de tolerancia y apoyo a las protestas sociales, el kirchnerismo presentó ayer en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para impedir que haya cortes totales que afecten la libre circulación y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales, como seguridad, salud y educación.

La iniciativa sorprende no sólo por el cambio de actitud que revela ahora el kirchnerismo, en la etapa final del mandato, sino también, porque les permite a las fuerzas de seguridad "dispersar" las "manifestaciones ilegítimas", es decir, aquellas protestas que provoquen cortes totales en el espacio público y que no hayan sido notificadas con 48 horas de antelación a la policía, como define el texto. Eso sí, las fuerzas de seguridad que participen en los operativos no podrán usar, en ninguna circunstancia, armas letales o de fuego.

El proyecto se elaboró con el impulso de la Casa Rosada. De hecho, responde a un reclamo que hizo la propia Presidenta el 1° de marzo al hablar durante la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso.

En aquella ocasión, Cristina Kirchner instó a que se sancionara una norma de "convivencia ciudadana" porque, enfatizó, "no puede ser que diez personas te corten una calle, por más razones atendibles que tengan, y que no pase nada".

Fue el párrafo más aplaudido de su discurso. La tropa oficialista tomó nota del reclamo y el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, instruyó a su ex ministro de Gobierno de Chaco y actual diputado nacional Juan Manuel Pedrini a diseñar una iniciativa.

La propuesta fue rubricada luego por el kirchnerismo más conspicuo: los diputados Carlos Kunkel, Diana Conti, José María Díaz Bancalari y Sandra Mendoza (ex esposa de Capitanich). Un detalle no menor es que Kunkel preside la Comisión de Seguridad Interior, adonde seguramente se girará el proyecto.

"Es una iniciativa que no criminaliza la protesta social, ya que no establece ninguna sanción a los manifestantes", se atajó Pedrini ante las críticas que ya comenzó a recibir de los diputados de izquierda de la Cámara baja, incluso dentro de su bloque.

Enfatizó que, por el contrario, lo que se pretende es regular las manifestaciones sociales para garantizar que gocen del resguardo del Estado.

Este proyecto kirchnerista no es el primero en su tipo tras el reclamo público que hizo la Presidenta en el Congreso. Paradójicamente, fueron los diputados Darío Giustozzi (Frente Renovador) y Federico Sturzenegger (Pro) los que se anticiparon con sendas propuestas sobre "convivencia ciudadana" en la Cámara baja. El del massista Giustozzi reconoce el derecho de peticionar, pero en espacios públicos determinados y dotados de los recursos tecnológicos para que la protesta popular pueda ser difundida a la opinión pública.

En cambio, Sturzenegger propone imponer multas de entre 500 y 5000 pesos a quienes, en una protesta social, impidan la circulación total por el espacio público. Si el corte es parcial y notificado 24 horas antes, la multa no se aplicaría.

El radicalismo, por su parte, no presentará una iniciativa propia. "Que el oficialismo se haga cargo de sus propias contradicciones", dicen en el centenario partido.

En la regulación que propone el kirchnerismo se distinguen tres puntos clave: primero, la distinción de manifestaciones "legítimas" e "ilegítimas"; segundo, la intervención de un "mediador" para canalizar las demandas de los manifestantes ante la contraparte del sector público o privado, según sea el caso. Y tercero, la obligatoriedad de los medios del Estado de difundir las manifestaciones consideradas legítimas y sus reclamos.

¿Cuáles son las manifestaciones "legítimas"? Según el proyecto, aquellas que "no impiden totalmente la circulación de personas y de vehículos en una dirección determinada" y que permiten "la libre circulación de grupos especialmente vulnerables, como niños, adultos mayores, discapacitados y enfermos, entre otros".

Una protesta legítima en una ruta, por ejemplo, sería que los manifestantes dejen un espacio o un carril libre para permitir el paso de terceros.

Pero a esto se suma otro requisito: que con 48 horas de anticipación la protesta sea notificada ante las autoridades policiales.

Las manifestaciones "ilegítimas", en cambio, son aquellas que no han sido previamente notificadas y las que provocan un corte total en la circulación.

En estos casos, dice el proyecto, la fuerza pública está habilitada para dispersar a los manifestantes, aunque siempre en el marco de la ley y sin el uso de armas de fuego o letales. Por el contrario, el texto enfatiza que "el uso de la fuerza pública" debe quedar limitado "a su mínima expresión" y que todos los agentes participantes del operativo deben estar identificados.

El proyecto introduce, también, la figura de un mediador que, según su autor, debe tener amplio conocimiento de los movimientos y de los conflictos sociales. Su función será canalizar los reclamos de los manifestantes, tanto de las protestas legítimas como ilegítimas, ante la contraparte respectiva para buscar un principio de solución. La mediación no debe superar las dos horas; si se vence este plazo y no hay respuesta, la manifestación pasa a ser ilegítima.

"Éste es un proyecto reaccionario", protestaron los diputados de izquierda Nicolás del Caño y Christian Castillo. En las antípodas, Alberto Asseff, del Frente Renovador, cuestionó al proyecto oficialista por llegar "10 años tarde". "Lo que hay que hacer es cumplir la ley sin vueltas. El tránsito debe ser libre las 24 horas de los 365 días para todos", aseveró Asseff.