La Presidenta sorprendió ayer al anunciar un paquete de medidas desti­nado a promover el blanqueo 
del empleo en negro con re­miniscencias cavallistas. En efecto, la clave de la medida es la reducción de los aportes patronales a la seguridad social (los impuestos al trabajo que pagan los empleadores), algo por lo que siempre abogó el ­exsuperministro de Economía en la década de 1990.

Cristina Fernández hizo el anuncio luego de inaugurar por teleconferencias tres obras, incluyendo un laboratorio para la carrera de Enfermería en la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Aunque se esperaba –y se espera– que el Gobierno nacional anuncie un nuevo piso y nuevas escalas para el pago del Impuesto a las Ganancias sobre ingresos salariales –el reclamo unánime de las centrales sindicales–, esto no sucedió. Luego del paro nacional del gremialismo opositor de la semana pasada, la Casa Rosada parece haber elegido referirse al mercado laboral 
con un plan cuyas consecuencias serán más mediatas que inmediatas, y que están más 
en línea con reclamos históricos del sector empresario más que de los gremios.

De hecho, la rebaja es de los aportes patronales (los que tributa la empresa) y no de los ­personales (los que se descuentan del salario del empleado). 
El año pasado, la totalidad de los empleadores argentinos pagaron 133.500 millones de pesos sólo en aportes patronales, a razón de 15.800 pesos por cada uno de los 8,4 millones de empleados en blanco.

Cristina Fernández apenas aludió al paro de la semana pasada al quejarse de que “no se escuchan reclamos gremiales por el empleo en negro”. Y agregó: “Es el segundo problema de los trabajadores; el primero es no tener empleo”.

A diferencia de otras ocasiones, no hubo representantes de las centrales sindicales oficialistas en el acto de la Rosada.

Básicamente, la medida dispone un nuevo régimen permanente para las empresas de menos de cinco empleados, que de ahora en más pagarán sólo la mitad de los aportes, sin límite en el tiempo y abarcando a todos sus empleados. También se beneficiarán con un tope en el seguro de riesgos del trabajo: para ellas, la cuota no podrá ser mayor al promedio que se paga en su rubro. Estas firmas mantendrán el beneficio aunque sumen hasta dos empleados, aunque por estos dos tributarán las cargas normales.

Para el resto de las empresas la rebaja es variable (pagarán de cero a 75 por ciento del aporte). Pero el beneficio es limitado en el tiempo, depende de su ­cantidad de empleados y rige sólo para los nuevos empleos que tomen –o para los puestos que blanqueen.

El paquete también dispone la creación de un registro de empleadores que se alimentará de varios registros ya existentes y a partir del cual se prevén sanciones diversas para las empresas en las que se constaten violaciones laborales. Entre otras cosas, perderán beneficios fiscales y no podrán acceder a créditos de la banca oficial o ser contratistas del Estado.

La Presidenta dijo que, con este plan, se espera que el empleo no registrado, actualmente del 33,5 por ciento del total, descienda en el 2015 a un 28 por ciento, con el blanqueo de 650 mil empleos. También se ampliará las atribuciones del Ministerio de Trabajo de la Nación para inspeccionar.

Desafío

La Presidenta desafió a la oposición que le “digan en qué cosas están de acuerdo y en qué no” sobre las políticas del Gobierno y se quejó porque “no se discute sinceramente”.

En ese sentido, reclamó a la oposición que fije una “postura clara” sobre las iniciativas oficiales. “Me gustaría saber qué cosas mejorarían, qué dejarían, qué harían con los trabajadores, que harían con Aerolíneas Argentinas y si permitirán paritarias libres, por ejemplo”, dijo.