Una denuncia sobre la impunidad frente a la corrupción política y la inclusión del vicepresidente Amado Boudou entre los funcionarios sometidos a un largo proceso de investigación por "enriquecimiento ilícito" y "tráfico de influencias" integran el duro diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, en el informe mundial que elabora el Departamento de Estado.

Mencionado junto con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el informe identifica a Boudou y recuerda el fracaso de sus intentos de demorar o impedir el proceso judicial en su contra. Además, advierte sobre la falta de independencia judicial y de garantía procesal, así como sobre presiones y atropellos oficiales contra la prensa independiente.

"La legislación argentina contempla sanciones para los casos de corrupción de sus funcionarios, pero hay múltiples reportes sobre casos que involucran a agentes tanto del Gobierno como de los poderes Legislativo y Judicial, que quedan amparados por la impunidad y que sugieren una incapacidad para hacer valer la ley con ellos", señala el documento, que incluyó a Cuba, Venezuela y Ecuador entre los países que menos respetan los derechos humanos en el mundo.

Presentado anualmente como el informe internacional "más abarcador y sólido" sobre derechos humanos, la nueva edición del documento que anualmente elabora el Departamento de Estado advierte sobre las presiones del gobierno argentino contra la prensa independiente y la violación de la norma judicial que lo obliga a distribuir equitativamente la pauta oficial de publicidad.

Sin mencionarlos por sus nombres, el texto recuerda que los "dos diarios más importantes" recibieron apenas el 1% de ese paquete, con la particularidad de ser "críticos" del Gobierno, mientras que los que están en su sintonía fueron premiados con un caudal superior al 45%, pese a su reducido alcance en lectores.

Recuerda también el llamado "boicot publicitario" contra los diarios críticos y los indicios de que la medida fue ordenada por el gobierno de Cristina Kirchner, si bien ello no fue admitido jamás en forma pública. "Los diarios perdieron el 70% de sus ingresos" por ese concepto, señala el informe.

El documento dado a conocer en esta ciudad refleja especialmente las presiones y amenazas contra periodistas independientes y recuerda en ese sentido no sólo la expulsión de Juan Miceli del canal de televisión oficial, sino también el "descrédito" al que se intentó someter su nombre por parte de colegas que seguían trabajando en esa emisora oficial.

El informe se hace eco de la acusación de "asesino mediático" y "sicario" que el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, le dedicó al periodista Jorge Lanata, conductor de un taquillero programa periodístico de televisión que abundó en casos de denuncia de corrupción oficial.

"Éste es un informe muy oportuno", sostuvo el secretario de Estado, John Kerry, al presentar el documento. No hubo mención alguna de nuestro país en el acto, pero sí deVenezuela, con un nuevo llamado al "cese de violencia". El diplomático ponderó el documento como el instrumento "más sólido y abarcador" en el nivel internacional para la defensa de los derechos humanos.