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14/02/2019 09:13 hs

Impulsan la obligatoriedad de la mediación penal juvenil hasta los 16 años

Córdoba - 14/02/2019 09:13 hs
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Avanza la propuesta acorta plazos procesales en materia penal juvenil e incorporar la figura del Abogado del Niño y medidas no privativas de la libertad.

El titular de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), José Piñero, visitó la Legislatura de Córdoba para exponer en el marco del debate por la reforma de la Ley 9944 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, busca brindar mayor celeridad a los juicios en los que se ven involucrados niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. También, incorpora la figura del Abogado del Niño, la reglamentación de la Mediación, e integra otras medidas alternativas a la privación de la libertad.

“Córdoba va a ser una de las pocas provincias que cuenta con la figura de Abogado del Niño, sólo Buenos Aires y Río Negro la tienen. En otras localidades estos abogados son parte del Poder Judicial. En este caso se trata de abogados cuyos honorarios estarán a cargo del Estado provincial, y de manera articulada con Senaf van a poder actuar en todo proceso defendiendo los derechos de los niños y niñas”, señaló el funcionario. 

Piñero fue el primer orador en el debate que llevan adelante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. El titular de la Senaf defendió la propuesta y consideró que la incorporación de la mediación es “muy productiva” aún en delitos graves. Si el proyecto se aprueba tal cual, la mediación penal juvenil será obligatoria para todos los menores de 16 años.

Las medidas no privativas de la libertad son herramientas en las que el proyecto ahonda. Actualmente, la normativa vigente sólo menciona la Libertad Asistida pero no fija plazos ni requisitos. La nueva propuesta establece que en todo proceso que involucre a una niña, niño o adolescente el juez priorizará la aplicación de dos medidas no privativas de la libertad: la supervisión en territorio o los servicios en beneficio de la comunidad. “Esto le da herramientas a los jueces para trabajar con los chicos fuera de los establecimientos socioeducativos cerrados”, explicó.

Este miércoles, en la mencionada comisión también expusieron las abogadas Cecilia Battistini y Vanina Lamberti, quienes despejaron las dudas de los legisladores respecto a este proyecto.

La Nueva Mañana 

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