360.000 pesos. Ese es el total anual de la única partida de recursos que refiere al uso medicinal del cannabis en el anteproyecto del Presupuesto 2019 del actual Ministerio de Salud y Desarrollo Social. La cuenta es fácil: si el año mide 365 días, el presupuesto mide menos de mil pesos por día. En rigor, el anteproyecto asigna 986 pesos diarios al "desarrollo en estudios e investigaciones del uso medicinal de la planta de cannabis".

Ante la consulta de Clarín sobre qué está previsto hacer con esa suma de dinero, Diego Sarasola, titular del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados y Tratamientos No Convencionales, que depende de la ahora Secretaría de Salud, respondió: "Como es de público conocimiento el monto operativo que se ha presupuestado para la gestión de la Coordinación de Investigación en Cannabis Medicinal aún no ha sido aprobado". No brindó detalles sobre qué destino tendrían los 986 pesos diarios de aprobarse el anteproyecto.

Respecto de si se espera obtener recursos extra a través de reasignaciones presupuestarias y de cuánto podrían ser esas partidas, dijo: "Para lograr sus objetivos, el programa se nutre de convenios con distintas carteras y jurisdicciones y obtiene recursos a través de distintas vías", dijo. No brindó montos concretos.

La ley que contempla que el Estado investigue los usos medicinales del cannabis, sólo para la epilepsia refractaria, fue sancionada en marzo de 2017: ambas cámaras del Congreso aprobaron el proyecto por unanimidad. En septiembre de ese mismo año, la ley fue reglamentada parcialmente. Durante todo este año, según informó el propio Sarasola en una nota que publicó Clarín en mayo, el programa creado por la ley no contó con presupuesto propio.

"El Ministerio de Seguridad elaboró un informe sobre un predio del INTA en Castelar que podría usarse para investigación de la planta", sostuvo Sarasola. Según confirmó Clarín, desde esa cartera dieron el visto bueno a que en ese predio se plante cannabis. Fuentes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria explicaron que está prevista la firma de un convenio con una empresa extranjera para que financie una producción a pequeña escala, y que se usen esos ejemplares de la planta para investigar su aplicación medicinal. Consultadas sobre el presupuesto disponible para estos fines, las fuentes explicaron que el INTA no dispone de recursos para estos fines, sino que depende de la autoridad de aplicación de la ley, la actual Secretaría de Salud. "Es cierto que no tienen presupuesto, estamos todos con el mismo problema", dijo al respecto Sarasola.

En mayo, el Registro Nacional de Pacientes en Tratamiento con Cannabis (Recann) que se había puesto en marcha tras la reglamentación de la ley tenía 110 personas inscriptas. Esas personas podrían participar de los ensayos clínicos en niños y adultos que, según Sarasola, el Estado tenía previsto llevar adelante en el Hospital Garrahan y en el Hospital El Cruce. "En el Garrahan está totalmente elaborado el diseño metodológicos, se va a hacer un estudio de eficacia y de control de efectos adversos en pacientes de dos a dieciséis años. En El Cruce hubo una demora, esta frenado pero se va a seguir trabajando", dijo Sarasola a este diario. Ninguno de los ensayos clínicos, pensados para personas con epilepsia refractaria, empezó a aplicarse a pacientes aún. Tal vez ése sea uno de los motivos por los que, entre mayo y fines de agosto, menos de treinta personas se sumaron al Recann.

"Con mil pesos por día puedo comprar los tubos de ensayo que se necesitan en un laboratorio de investigación y nada más", asegura el científico Marcelo Rubinstein, que encabeza el Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular del Conicet y la red de investigadores sobre el uso medicinal del cannabis que trabaja al interior de ese organismo de la UBA. "Nos convocaron a una sola reunión del Consejo Consultivo Honorario en marzo. Nunca más nos llamaron", cuenta. Según explica Rubinstein, el objetivo más urgente de esa red de investigadores que integran médicos, sociólogos y químicos, entre otros especialistas, es "presionar al ex Ministerio de Salud para que deje de cajonear la ley".

Valeria Salech, referente de la ONG Mamá Cultiva, que nuclea a familias autocultivadoras de cannabis para su uso medicinal, también forma parte del Consejo Consultivo y tampoco volvió a ser convocada tras la reunión de marzo. "Desde que se sancionó la ley, Mamá Cultiva recibió más de 2.500 consultas de personas que, más que nada, preguntan cómo adquirir el aceite de cannabis", explica Valeria. Quienes apelan a la ONG son 17 veces más que quienes se inscribieron en el Recann, que depende del Estado. "Estamos tapando el agujero de una legislación que no se cumple", reflexiona. Emiliano, el hijo de Valeria, tiene epilepsia y llegó a sufrir 200 convulsiones diarias.

"Es bochornoso", dice Salech sobre los 360.000 pesos anuales previstos en el anteproyecto del presupuesto nacional. "No tenemos expectativas en este escenario. La gente tiene en su inconsciente que se aprobó la ley y está todo bien, pero al no darle presupuesto, matás a esta ley. Es letra de molde".

Fuente: Clarín