La Justicia imputó hoy al presidente Mauricio Macri, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, por el decreto que permitió que familiares de funcionarios ingresen al blanqueo de capitales.

La medida contra el jefe de Estados y dos miembros de su gabinete la tomó el fiscal federal Guillermo Marijuan. El fiscal impulsó la denuncia de la diputada Victoria Donda, quien argumentó que la reglamentación de la ley y el decreto que añadió a parientes de funcionarios al blanqueo es ilegal, consignó la agencia DyN. Marijuán respondió afirmativamente a la consulta que le formuló el juez federal Ariel Lijo ante la denuncia de la legisladora.

Se informó el pasado 1 de diciembre que la oposición iba a denunciar judicialmente al Gobierno, luego de que se publicara en el Boletín Oficial el decreto 1206/16, que permite que puedan blanquear bienes y tenencia de monedas padres, cónyuges e hijos de los funcionarios si éstos justifican que se trata de bienes adquiridos antes de haber llegado a la función pública.

El decreto modificó la norma 27.260, la ley ómnibus que sancionó el Congreso a mediados de años que estableció el blanqueo y definía el pago de las deudas históricas con los jubilados. En su texto, la ley establecía que quedaban afuera del blanqueo los familiares de los funcionarios y aquellas personas que hayan ocupado cargos a partir del 1 de enero de 2010, estén o no actualmente en funciones.

"Creemos que el decreto no modificó el espíritu de la ley", se defendió esta mañana Peña, durante una conferencia de prensa donde fue consultado sobre la reciente medida judicial. "Tenemos tranquilidad sobre lo que hemos planteado", apuntó.

Para la oposición, principalmente el massismo y el kirchnerismo, el decreto atentó contra la ley. Incluso aseguraron que el cambio correspondió con una decisión personal del propio Presidente para beneficiar a su padre, el empresario Franco Macri.

La Nación