¿Cómo llamarlo? ¿"Ex rey", "rey padre", "conde de Barcelona", "alteza", a secas?

El título que anteceda a su nombre es apenas el más anecdótico de los dilemas que plantea al poder político español la inesperada abdicación de Juan Carlos I, un monarca tan esencial al sistema que nadie en 38 años se había animado a tramitar una ley que regule su retiro.

El gobierno , la oposición y la casa real se apresuran desde anteayer a acomodar un desorden similar al que vivió el año pasado el Vaticano cuando Benedicto XVI tomó la decisión, sin precedente en 600 años, de renunciar al pontificado.

Se trata de un vacío legal que incluye materias de lo más espinosas.

El vacío legal incluye materias de lo más espinosas. La principal: qué pasará con su estatus judicial para una figura institucional que deja el cargo salpicado por escándalos de corrupción en su familia.

La Constitución de 1978 dispuso que el rey de España es "inviolable", es decir que no está sujeto a responsabilidad penal; ni siquiera se lo puede citar como testigo. Pero ese beneficio exclusivísimo formará parte de la herencia de Felipe VI. Nada dice la ley fundamental sobre qué pasa con el monarca que deja el trono en vida.

"La inviolabilidad de los actos que haya aprobado durante sus años en la Jefatura del Estado pervive. No habrá responsabilidad retroactiva", opina Luis Aguiar, catedrático de Derecho Público de la Universidad Carlos II.

¿Y si se lo involucrara en actos judiciables posteriores a la proclamación de su hijo, prevista para el próximo miércoles 18? Si alguien, por caso, decidiera cuestionar su patrimonio, ¿cuál sería la línea temporal para descartar una investigación? Los expertos admiten que no está claro y que es una materia que debería dilucidarse con precisión en una futura ley o decreto sobre la corona.

"No imagino una ley orgánica que declare la inviolabilidad de alguien más allá de las previstas en la Constitución porque vulneraría los derechos de un tercero a la tutela judicial", opina el constitucionalista Fernando Álvarez-Osorio.

Algunas conductas de Juan Carlos I en los últimos años merodearon la crónica judicial, como su "entrañable amistad" con la noble alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, una sigilosa profesional del tráfico internacional de influencias.

También en la causa por el fraude al Estado en la que se investiga a la infanta Cristina y a su esposo, Iñaki Urdangarin, hay referencias a actos del rey que -de no ser por la inmunidad constitucional- podrían haber derivado en un pedido de explicaciones de la justicia.

Por ejemplo, un préstamo millonario a su hija que, según deslizó el juez José Castro (a cargo de la instrucción), pudo haber sido en realidad una donación encubierta. Si así fuera habría evitado pagar una cuantiosa cifra en impuestos.

ESTATUS

El gobierno de Mariano Rajoy analiza la opción de incluir al rey en la lista de figuras institucionales aforadas ante el Tribunal Supremo.

Hace dos meses les otorgó ese estatus al príncipe Felipe, a la princesa Letizia Ortiz y a la reina Sofía; se les dio una protección que los equiparó a los diputados y senadores nacionales.

Otra de las incógnitas sobre el futuro de Juan Carlos la despejó ayer la casa real: seguirá viviendo en el Palacio de la Zarzuela, la mansión enclavada en el Monte del Pardo que le cedió en los años 60 el dictador Francisco Franco al ungirlo su heredero.

Felipe VI y Letizia mantendrán su residencia en el palacete de 1800 metros cuadrados que se construyó para ellos dentro del complejo real. El sucesor, eso sí, pasará a ocupar el despacho principal en el que trabajó su padre desde la juventud y dispondrá de los salones destinados a agasajos oficiales.

La Constitución tampoco establece cuál será el papel institucional del rey que abdica. Un decreto de 1987 señala que el padre del monarca en funciones "continuará vitaliciamente en el uso del título de conde de Barcelona, con tratamiento de alteza real y honores análogos a los que corresponden al príncipe de Asturias".

Pero le tocará a Juan Carlos elegir cómo interactuar en la vida pública cuando deje de ser el jefe de Estado. "No esperen de él que se va a encerrar a un monasterio, como el papa Benedicto", ironizó un veterano dirigente de la derecha española.

En todo caso será uno de los desafíos de Felipe calibrar las apariciones de su padre, en sintonía con la misión que asume de recuperar el prestigio de una corona amenazada por la impopularidad.

La Zarzuela aclaró ayer que Juan Carlos y Sofía seguirán formando parte de la familia real, a la que dejarán de pertenecer las otras hijas del matrimonio, Elena y Cristina. Ellas retendrán el título de infanta, pero quedarán relevadas de sus funciones protocolares y dejarán de percibir los honorarios que reparte el rey.

No es un dato menor si se tiene en cuenta que en el amanecer del reinado de Felipe se definirá la suerte judicial de Cristina.

El próximo rey tendrá que establecer las reglas de mantenimiento económico de sus padres. La Constitución indica que el monarca recibe una suma presupuestaria para mantener su casa y puede administrarla a discreción (en 2013 fueron casi 8 millones de euros).

En medio de los recientes escándalos, la Zarzuela decidió abrir sus presupuestos y blanquear en qué se gasta el dinero público de la corona. Felipe, cuentan quienes lo conocen, es consciente de que debe acentuar los gestos de austeridad y transparencia para consolidar el cambio que quiere encarnar.

Por Martín Rodríguez Yebra | LA NACION