En otra estratégica jugada para neutralizar el efecto del paro nacional de pasado mañana, el Gobierno advirtió ayer sobre posibles descuentos en los subsidios al transporte público que se adhiera a la medida de fuerza que activaron las CGT opositoras, que encabezan Hugo Moyano y Luis Barrionuevo .

La exhortación oficial apunta a los ferrocarriles, pero, sobre todo, a las líneas de colectivos, cuyo sector empresario es beneficiado con $ 60 millones de aportes por día, según datos recientes del Ministerio del Interior y Transporte que publicó LA NACION en su edición del 25 de marzo pasado.

El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich , dijo ayer que convocará de urgencia a "la Comisión de Garantías" para expedirse sobre los servicios esenciales y la prestación de servicios mínimosque deberían garantizarse pasado mañana. Pero lo cierto es que la comisión, integrada por personas con cierta afinidad al Gobierno, estableció un dictamen hace ya una semana y sin previo llamado a las partes en conflicto.

El dictamen 6/2014 de la Comisión de Garantías del 1° de abril avaló de alguna manera el derecho a huelga, aunque instó a la empresa u organismo prestador del servicio "a garantizar la ejecución de los servicios mínimos y a poner en conocimiento de los usuarios, por medios de difusión masiva, las modalidades que revestirá la prestación durante el conflicto".

El dictamen fue firmado por el presidente alterno de la Comisión de Garantías, Alejandro Raúl Ferrari, que es asesor legal de la CTA oficialista, que lidera Hugo Yasky. La presidenta titular es Marta Hebe Pujadas, abogada de la Uocra, un gremio alineado con el kirchnerismo.

La decisión de Capitanich avivó aún más la tensión que guía el vínculo entre el Gobierno y el sindicalismo opositor. Para la Unión Tranviaria Automotor (UTA), que agrupa a los colectiveros y choferes de larga distancia, el jefe de Gabinete "busca seguir confrontando", según dijo Mario Calegari, vocero del sindicato. Su jefe, Roberto Fernández, exigió ser convocado a dialogar "porque, si no, esto se agrava".

La réplica también surgió desde la CGT moyanista. "El Gobierno lo tendrá que discutir con los empresarios, no es problema de los trabajadores. No nos van a amenazar con eso", distinguióPablo Moyano , el hijo del jefe cegetista, en diálogo con FM Palermo.

Una postura similar adoptó La Fraternidad, el sindicato que reúne a los maquinistas ferroviarios. "El subsidio se lo dan a los empresarios. Esto marca una debilidad del Gobierno, que carece de una política de transporte y que actúa de acuerdo con el estado de ánimo de un funcionario", dijo a LA NACION Horacio Caminos, secretario de prensa del gremio. Y agregó: "Exigimos una ley federal de transporte avalada por el Congreso para conocer cómo se distribuyen los subsidios y que no lo defina el Estado, porque es una caja grande y se favorece a los amigos".

Desde la CTA opositora, de Pablo Micheli , que también se sumará al paro nacional , se cuestionó la intervención del Gobierno. Y se hizo blanco de las críticas en Capitanich por las desprolijidades en la convocatoria de la Comisión de Garantías. "Primero se debió haber llamado a las partes para conciliar y garantizar las guardias mínimas. En caso de no haber acuerdo, recién ahí se convoca a la comisión. Y eso no sucedió nunca", denunció ayer ante LA NACION Horacio Meguira, asesor legal de la CTA disidente.

Estrategia oficial

La jugada del Gobierno sobre la amenaza de descontar subsidios al transporte público que se adhiera al paro está en línea con la agilización del cierre en algunas negociaciones salariales.

Así, desde el Ministerio de Trabajo se exhortó a los sindicatos afines a apresurar sus paritarias con la intención de restarle fuerza al paro nacional de pasado mañana. En tiempo récord, a diferencia de otros años, acordó ayer una suba salarial de 27% el populoso Sindicato de Empleados de Comercio (ver aparte). La semana pasada ya habían arreglado la Uocra y los metalúrgicos de la UOM..

Fuente: La Nación