Cada vez son más las personas que van a la Justicia para tener atención en cuestiones de salud. El Tribunal Federal es la última instancia que tienen los ciudadanos ante un sistema de salud que está colapsado tanto en obras sociales, empresas prepagas como el propio Estado en su rol de prestador de salud.

La abogada Ana Paula Céliz representó a un hombre que requiere una bomba de insulina con sensores para poder llevar una salud sin sobresaltos. Esa bomba le regula la insulina que requiere su cuerpo y evita picos de glucemia que le pueden costar la vida.

“Hacía varios años que pedía por la bomba para tener el control de su enfermedad y no la estaba consiguiendo por sus propios medios”, comentó Céliz.

Este es uno de los once casos que se resolvieron sólo en la primera semana de septiembre en la Justicia Federal.

La secretaria de Leyes Especiales del Juzgado Federal local, María José Fauda, informó que se duplicaron los casos comparando agosto del año pasado con el mismo mes de este año.

Y, además, en la primera semana de este mes casi se alcanza la misma cantidad de resoluciones que todo el mes pasado.

“Tomando como muestra la primera semana de septiembre, el Dr. (Carlos) Ochoa ha pronunciado 11 sentencias de fondo, medidas cautelares que son el anticipo ante la demora que el proceso tiene para las personas que llegan con una necesidad vinculada a un tema de salud. Los casos son contra obras sociales, de medicina prepaga. Se han duplicado los amparos de salud del año pasado a ahora. Son procesos acelerados, rápidos y requieren una carga de actividad jurisdiccional importante”, remarcó Fauda.

La abogada Celiz reconoce que se enfrentan dos derechos, el de su cliente que requiere una bomba de insulina y el de la obra social que resguarda los intereses de todos los afiliados.

“En el caso de la diabetes, son enfermedades crónicas, en la que la ciencia ha avanzado a pasos agigantados en la detección de la enfermedad y en los tratamientos disponibles para mejorar la calidad de vida del diabético. Esto estaba bastante discutido en cuanto a las obras sociales de la cobertura que dan, porque el plan médico obligatorio no contempla determinadas normas o la ley de diabetes, pero tomamos que hay un piso prestacional y podemos pedir más allá de ello para mejorar la calidad de vida de los pacientes ante enfermedades crónicas”.

Celiz también mencionó que se nota “un recorte presupuestario importante y esto se siente a la hora de las prestaciones de salud”.

En el Juzgado Federal hay asombro por la cantidad de causas que se reiteran en temas de salud y advierten que hay una fuerte desproporción entre el costo de la medicina y los ingresos de la población.

Los amparos en la justicia son la punta del iceberg porque además hay una catarata de cartas documentos que llegan previamente a los prestadores y decenas de reclamos administrativos que fueron hechos antes de acudir a la Justicia. Los datos muestran el agravamiento de las condiciones de salud de la población y el crecimiento de la judicialización. Una parte del problema.

En los próximos días, Radio Río Cuarto detallará qué sucede con las obras sociales y con las empresas de medicina prepaga.