Este miércoles 3 de abril se reunirá un panel de 4 destacados juristas en un conversatorio donde se procurará dirimir si corresponde un juicio político al presidente Javier Milei.

Maximiliano Rusconi, Eduardo Barcesat, Carlos Rozanski y Jose Manuel Ubeira, con la coordinación de Alicia Castro y de la periodista Cynthia Garcia , analizarán si existen causales para un juicio político y cuáles son los procedimientos para destituir a un presidente, según la Constitución Nacional. 

Se analizarán el derrumbe de la  institucionalidad, el quiebre constitucional, la desarticulación del estado, la desnacionalización de nuestros recursos estratégicos y bienes naturales, la privatización de los bienes sociales de las y los argentinos, el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad; el incumplimiento de deberes de funcionario público, el eventual abandono de personas; la política de Relaciones Exteriores que perjudica los intereses de la Nación y coloca a las y los ciudadanos argentinos en situación de peligro; retrocesos en la cuestión Malvinas en violacion a la cláusula de la CN que establece que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía es un objetivo irrenunciable del pueblo argentino, serán algunos de los temas propuestos y tratados.

DE UNA dialogó con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, quien consideró que Javier Milei reúne las condiciones para juicio político por mal desempeño y la posible comisión de delito.
Barcesat explicó que no tiene dudas de que corresponde el juicio político. “Creo que este gobierno ha desbordado sus incumbencias constitucionales para apropiarlas del Congreso de la Nación y también ha habido alguna pretensión de interferir en la justicia con eso que se rumoreó de los indultos presidenciales a criminales responsables de crímenes de genocidio o de lesa humanidad”. 
Consideró que el juicio político “lo podría iniciar de oficio la Cámara de Diputados de la Nación a través del dictamen de la Comisión de Juicio Político, pero está visto que, desgraciadamente, cuando alguien usurpa, hay también alguien que se deja usurpar. Todavía no se tumbó ese decreto en la forma que indicamos, el decreto 70/2023, es porque no ha habido la suficiente fortaleza, claridad de concepto y por sobre todo deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que está expresamente incorporado en la reforma constitucional del año 94. Si todavía hay esa falencia, entonces cualquier ciudadano puede, esto desde los orígenes de nuestra constitución histórica de 1853/60, puede efectivamente pedir el juicio político aportando los elementos y argumentos constitucionales de los que tiende a valer” explicó el constitucionalista.

DE UNA