A una semana de la decisión del presidente Alberto Fernández de extremar el cepo y los controles al dólar se profundizó la crisis financiera y creció la desconfianza en la economía y en el Gobierno.
Está paralizada buena parte de la actividad comercial por falta de precio para reponer productos y, más grave, se multiplicaron los pedidos de turnos en los bancos para presentarse por caja a retirar los dólaresde las cuentas de ahorro y de los plazos fijos, y también para acceder a las cajas de seguridad.

Hay muchos argentinos de clase media que otra vez, y como sucedió en el pasado, están preocupados por el futuro de sus ahorros. Temores infundados, según la cátedra económica, por las reglas estrictas de liquidez que deben cumplir los bancos. También suenan exagerados para los analistas políticos, que advierten que una expropiación lisa y llana a los ahorros de los argentinos pondría en peligro la propia estabilidad del Gobierno y los proyectos futuros de sus protagonistas.
Mucha gente, no toda, va a los bancos igual. Ya no les interesa lo que puedan decir los especialistas porque la falta de credibilidad general va en aumento. Esto ocurre a pesar de que los números oficiales y la mayoría de los economistas independientes o de la oposición digan que sobran dólares en los tesoros de las entidades financieras y en la custodia obligatoria que hace el Banco Central de dólares que no son de las reservas, sino de los depositantes. Son las reservas intocables, no las de libre disponibilidad que ya se van agotando.
El rol de las redes sociales adquiere en estas horas una importancia relevante. Cientos de especialistas presentan números y análisis mostrando la realidad que ellos consideran respecto de la situación y el futuro que viene, más allá de lo que se lee, escribe o escucha en los medios tradicionales.
También es cierto, como ocurrió en cada tensión financiera de las tantas que le tocó enfrentar a la administración de Mauricio Macri desde marzo de 2018, que también las redes se saturan de mensajes y pronósticos aterradores de activistas políticos que creen que contribuyen a la desestabilización de un gobierno que no les gusta y generan temor sobre el futuro de los ahorros de la gente.
Debería el Gobierno, y sobre todo el Banco Central, clarificar de inmediato toda esta situación. No solo reafirmando lo que parece obvio que es la vigencia de la propiedad privada en el país -últimamente bastante cascoteada si se observan las tomas de terrenos o los proyectos para aumentar en forma confiscatoria los impuestos-, sino también garantizando que los bancos tengan los fondos fluidos y disponibles para responder a los pedidos de la gente.

Lo único que tranquiliza una corrida de depósitos es que la gente se convenza de que no tiene sentido retirar los ahorros; mucho menos, de correr los riesgos de vida de trasladarlos por las calles y llevarlos al domicilio.
En el fondo, la pregunta que no tiene respuesta hoy y que intranquiliza cada vez más a la economía es: qué camino le queda al Gobierno para enfrentar la situación, mientras se siguen perdiendo depósitos y reservas. Dar un volantazo político para cambiar al equipo económico y convocar a técnicos promercado que logren un shock de confianza parece no ser una alternativa posible. Sería un cambio de Gobierno. ¿Dónde quedaría Cristina, el Instituto Patria, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, los sindicatos de izquierda, las Madres de Plaza de Mayo y los movimientos sociales?
No hacer nada, evitar sincerar la devaluación en el dólar oficial y esperar el milagro de la suba de la soja y la cosecha hasta el otoño que viene para recomponer dólares de las reservas puede resultar un cálculo extremadamente ajustado. Debería cerrarse totalmente la venta de dólares para ahorro y turismo y paralizar buena parte de las importaciones.
La brecha cambiaria no pararía de subir ante el aumento de la emisión monetaria y el déficit. Eso frenaría aún más las exportaciones y seguiría la destrucción económica del valor de los activos en la Argentina. Allí es donde muchos argentinos suponen que, entre la espada y la pared, antes de sincerar una megadevaluación, el Gobierno sería capaz de cualquier cosa para retener el poder.
Cualquier cosa también incluye una suba generalizada de impuestos como se teme para el año próximo, además del aporte obligatorio a los supuestos ricos, que casi nadie cree que será por única vez. Los impuestos al patrimonio (incluso para industriales pyme o pequeños productores agropecuarios) amenazan con llegar a niveles confiscatorios, superiores al 5% anual, además de todo el resto de impuestos que las familias y las empresas tienen que pagar.

Parece, otra vez, inexorable el modelo de afectar cada vez más la propiedad privada -en forma directa o indirecta- a través de permanentes impuestazos, devaluaciones escondidas con cepos extremos y regulaciones a toda la economía, hasta en las transferencias de fondos entre cuentas personales dentro de la Argentina.
La decisión de profundizar el cepo revela que la intención del Gobierno es seguir financiando con emisión, y sin respaldo, el gigantesco déficit fiscal que ya traía el país y se agravó con la pandemia y las cuarentenas también extremas, como el cepo. Significa apostar a los controles y a la estatización de la economía para corregir las distorsiones que semejante desmanejo fiscal y monetario generan.
Si no hay ajuste, si no hay un plan ni un equipo económico y político que regenere la confianza, el cepo y los controles tendrán que seguir radicalizándose. Y aún así, el Banco Central seguirá perdiendo reservas. En esa encrucijada, hay gente que otra vez supone que en la Argentina económica puede pasar cualquier cosa.

Por: Willy Kohan/La Nación