Las relaciones diplomáticas entre Bolivia y la Argentina no pasan por su mejor momento y se tensaron en las últimas horas por un entredicho de alto impacto político: el gobierno de Evo Morales rechazó de plano un reclamo de la administración de Mauricio Macri para que los argentinos que viajen  o viven allí puedan atenderse en los hospitales de Bolivia al igual que los vecinos lo hacen en la Argentina.

Por medio de una carta que envió la Cancillería de Bolivia al embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, el gobierno de Morales destacó que en el sistema de salud de Bolivia "son beneficiarios de la atención integral de y protección financiera de salud todos los habitantes y estantes del territorio nacional que no cuenten con algún seguro de salud".

Y enumeró en este universo contemplado por alcance de una atención sanitaria en Boliviaa las mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los seis meses posteriores al parto; a los niños menores de cinco años; mujeres y hombres a partir de los 60 años; mujeres en edad fértil respecto a atenciones de salud sexual y reproductiva y personas con discapacidad. Pero en ningún caso se menciona a ciudadanos extranjeros y mucho menos a argentinos residentes en Bolivia.

La carta que envió la Cancillería boliviana y a la que tuvo acceso Infobae fue redactada el 5 de febrero pasado y se entregó a la embajada en La Paz el 8 de febrero. De esta manera, Bolivia rechazó un pedido del embajador Álvarez García que en la nota 418/2017 había reclamado al gobierno de Evo Morales la posibilidad de suscribir un convenio de reciprocidad para que ambos países atiendan sin inconvenientes a sus ciudadanos en el extranjero.

"Lamentamos que no se haya logrado alcanzar aun un acuerdo de reciprocidad pero la Argentina va a seguir intentado una negociación con el gobierno de Morales para poder lograr un convenio de salud como lo plantea la Organización Mundial de la Salud", dijo Infobae una fuente calificada del Palacio San Martín que en las últimas horas siguió la escalada de tensión diplomática entre ambos países.

Ayer, el embajador Álvarez García se reunió con la vicecanciller boliviana María del Carmen Almendras para tratar de dar con una solución a este conflicto abierto. No se llegó a ningún acuerdo y desde la Cancillería argentina no arriesgaban hasta anoche la posibilidad de un entendimiento teniendo en cuenta la carta que envió la Cancillería de Morales.

El conflicto por el sistema sanitario argentino viene de larga data pero se potenció en las últimas semanas cuando el ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, propuso un proyecto de ley para que los bolivianos que cruzan la frontera a la Argentina paguen por ser atendidos en los hospitales públicos de la provincia.

El funcionario de Jujuy comentó que "el proyecto de ley es para que el Estado Boliviano pague, no el ciudadano". "Es una de las tantas estrategias planteadas para cambiar la realidad en la provincia", agregó. A la vez, Bouhid explicó que "Jujuy, a diferencia de otras provincias, no tiene instrumentada la ley de recupero, con lo cual, si usted se atiende en el hospital público de Jujuy y tiene una cobertura social nacional, sindical o provincial, no le pagan al hospital público".

El gobierno de Morales no tardó en responder. El cónsul de Bolivia en Jujuy, Nelson Guarachi Mamani, repudió la idea y dijo que la veían "con muchísima tristeza, después de haber sido un Estado tan grande y que siempre tuvo una orientación humanitaria en el pasado, no se vea con los mismos ojos la situación de los inmigrantes hoy es triste". Se refería elípticamente a la administración de Cristina Kirchner que supo tener una gran afinidad ideológica con Morales.

Según datos estadísticos que publicó el diario El Tribuno del hospital La Quiaca, durante el 2017 por consultorio externo se atendieron a casi 20.000 personas de las cuales 2.000 eran de nacionalidad boliviana. Por otro lado, se mencionó que de los 12 turnos que se entregan diariamente para las distintas especialidades en el hospital público de La Quiaca, siete son otorgados a ciudadanos bolivianos o que tienen documento argentino pero no residen en el país. Además, de 7 partos semanales, 4 corresponden a madres del vecino país a quienes no se les niega la atención porque llegan a la guardia casi a punto de dar a luz.

En la Cancillería argentina anoche veían con preocupación la falta de una solución al tema por parte de las autoridades de Bolivia ante los reclamos elevados por el embajador Alvarez García.

En rigor, este es el segundo encontronazo diplomático que tienen Macri y Morales. Antes del conflicto sanitario fueron las quejas del gobierno chavista de Morales por el decreto migratorio que impuso Macri en febrero del año pasado y que promueve la agilización de expulsiones de inmigrantes que cometen delitos.

En su momento, la administración de Morales comparó a Macri con el presidente norteamericano Donald Trump y envió a un grupo de funcionarios de la Cancillería a exigir explicaciones por el decreto presidencial al que calificaron de "discriminatorio" y "xenófobo".

Desde el gobierno de Macri, tanto la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como el director de Migraciones Horacio García explicaron a los diplomáticos de Bolivia que no hay ninguna política discriminatoria en la Argentina sino todo lo contrario. Así, se explicó que la Argentina acelerará la expulsión de extranjeros que cometen delitos pero al mismo tiempo amplió los niveles de radicaciones de extranjeros, entre los que se encuentran en mayor medida ciudadanos bolivianos.

Son embargo, las explicaciones del gobierno argentino no convencieron en la Paz. De hecho, Macri y Morales ya postergaron dos reuniones bilaterales que iban a tener. Adujeron "problemas de agenda" en ambos casos. Ahora el conflicto sanitario amenaza con complicar otra vez este encuentro postergado.