La Cámara Argentina de la Construcción realizó un informe sobre el crecimiento de la construcción en el país y la reactivación económica, según indicó la producción de Informe 16. En función de esto y para conocer cuál es la situación económica del rubro en la ciudad de Río Cuarto se entrevistó en los estudios de la emisora al Ingeniero Mario Ponso, titular de la Cámara de Construcción de Río Cuarto.

Indicó que en Río Cuarto, también se ve reflejada esta reactivación, en cuanto a la cantidad de afiliados registrados en los gremios: UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y en el IERIC (Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción), que también está en crecimiento. Además dijo que se esta reduciendo el 40% de desocupación que meses atrás daba a conocer la UOCRA. “En los últimos meses, uno de cada tres puestos de trabajo fueron creados en la provincia de Córdoba y Buenos Aires”, añadió.
 
Según informó, en la ciudad, se está llegando a los 2.500 empleos registrados y que desde el sector la expectativa es que la cifra se supere.
 
Frente a la pregunta si hay más actividad en la parte privada o pública, dijo que en ambas, aunque consideró importante diferenciar las actividades en cuanto a “la inercia que trae una y la otra”.
 
Con respecto a la actividad privada, manifestó: “La obra privada arranca y no se para; Tiene que seguir”. En este sentido señaló que un proyecto demora, aproximadamente, cinco años entre la planificación, construcción, venta y finalización de obra por lo que el inversor privado, independientemente de las condiciones económicas del país, una vez que se embarca en un proyecto debe continuar y finalizar con el mismo.
 
Señaló que, mayoritariamente, se vienen haciendo edificios cuyos destinatarios son inversores, pero que esto cambiará con el sistema de créditos al que está apuntando el Estado para la construcción de vivienda única y de uso permanente. “Si eso pasa será necesario hasta reformular el criterio con el que se realizan los proyectos y donde se desarrollarán los mismos”, consideró.
 
Recordó que la zona de la Costanera no está habilitada para la construcción de edificios. Sin embargo trajo a colación el planteó “El distrito río” de la Fundación 2030 a través del cual está proponiendo reformular eso. Como integrante de la Fundación, indicó que se plantea, incorporar esa zona de la ciudad, para el desarrollo de actividades de distinto tipo: gastronómicas, trabajo, recreación, vivienda, entre otras cosas.




Con respecto a la obra pública, indicó que es más dinámica y que “arranca cuando están las inversiones del Estado y cuando no las hay automáticamente se detiene. Somos muy pocas las empresas que estamos licitando con la Provincia porque se nos ha complicado tremendamente la gestión”, señaló.

En este marco, consideró que el diálogo debería ser entre el representante técnico y el inspector de la obra, pero aclaró que esto no sucede y que “sin embargo es necesario ir a Córdoba”.

En esto argumentó la asociación que deben hacer empresas de Río Cuarto con las de Córdoba. “Cuando se está en Río Cuarto, ir a Córdoba esperar que te reciban, que por ahí no lo hacen y se perdió todo el día; Por ahí las empresas de Córdoba tienen alguien que haga eso más fácil”, explicó.
 
Con respecto a los cambios en el Registro de constructores. ““Hay cosas absurdas. Para hacer una planta de tratamientos de efluentes le piden que tenga hecho como antecedente 35 kilómetros de cañería”, explicó y consideró que queda al criterio de quien elabore el pliego de la repartición de quienes pueden participar o no de una obra. “Eso nos parece que no está bien porque no es transparente”, añadió.
 
En cuanto a la infraestructura señaló que el tema principal era el gas y que con la construcción del gasoducto, esta problemática se solucionará dando la factibilidad necesaria y pasarán a ser otros los problemas más importantes. Energía eléctrica, agua y cloaca será lo siguiente a trabajar en cuanto a infraestructura.
 
Por último, opinó sobre el FOMIN, tasa que se le cobra a las empresas para construir un edifico. La definió como “excesivamente alta”. “Esa tasa que va a rentas generales debe ir a la construcción de obras de infraestructura básica”, indicó.