El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, denunció ayer penalmente por el delito de “corrupción pasiva” al presidente Michel Temer ante el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, que ahora deberá definir si envía el caso a la Cámara de Diputados. Se trata de la primera vez en la historia de Brasil que un presidente en ejercicio es acusado formalmente por cargos de corrupción.

El delito por el que la Fiscalía denunció a Temer es el acto de “solicitar o recibir, para si o para otro, directa o indirectamente, tanto fuera de la función o antes de asumirla, pero en razón de ella, ventajas indebidas o la promesa de tal ventaja”.
En su escrito al STF, el fiscal Janot consideró que Temer “practicó delito de corrupción” y acusó directamente al ex asesor presidencial Rodrigo Rocha Loures, filmado por la policía cuando recibía el equivalente a unos 150.000 dólares en una valija como parte de un soborno del mayor frigorífico del mundo, JBS. Según Janot, ese dinero se destinaba a Temer.

El primer análisis de la denuncia será hecho por el juez Edson Fachin, instructor del caso en el Tribunal Supremo Federal, el máximo órgano judicial de Brasil. Séra este tribunal el que decidirá luego si reemite la denuncia judicial a la Cámara de Diputados, que tendrá la última palabra sobre la suerte del mandato presidencilaes. Para ser supsendido, la opción debe sumar las dos terceras partes del pleno de la Cámara. En ese caso, la Constitución dispone que Temer debe ser suspendido de sus funciones por 180 días , ya que los cargos que se le imputan fueron cometidos durante el ejercicio de su presidencia.

La investigación está liderada por Janot, tras las denuncias presentadas por la policía federal al inicio de las pesquisas, quien adelantó la semana pasada su convicción de que Temer “recibió ventajas ilícitas” del grupo JBS, y que éstas fueron supuestamente negociadas por su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures, hoy en prisión por ese mismo hecho. El mismo convencimiento ha mostrado la Policía Federal, que publicó un informe preliminar entregado la semana pasada al Tribunal Supremo, donde sostenía que existen “serios indicios” de que el mandatario incurrió “con vigor” en prácticas corruptas.

En otro informe entregado ayer, la Policía Federal concluyó que Temer también intentó “obstaculizar investigaciones” y “dejó de comunicar a las autoridades” sobre maniobras corruptas de las que tuvo conocimiento, lo que pudiera generar otras denuncias. Las sospechas se desprenden de confesiones hechas por directivos del grupo JBS, quienes han declarado que sobornaron al mandatario desde 2010, antes de asumir el cargo.

Además entregaron a la justicia unas grabaciones que comprometen al presidente. En esos audios, Temer escucha en silencio y hasta consiente unas maniobras irregulares que el dueño de JBS, Joesley Batista, dice que realiza en favor de su grupo tanto con autoridades del Gobierno como con representantes del Poder Judicial.

Temer, quien ha perdido respaldo en su propia base como consecuencia de este escándalo, dedicó parte del pasado fin de semana a contactar a miembros del Parlamento con el fin de mantener unida a la coalición que apoya a su Gobierno, que se ha resquebrajado durante el último mes. Esa unidad es fundamental para el mandatario. Ahora que la Fiscalía presentó formalmente la denuncia, será el Tribunal Supremo quien definirá si el caso va a la Cámara de Diputados.

La última encuesta de Datafolha muestra que el apoyo o al mandatario es bajísimo: sólo un 7% considera a su gobierno como “bueno” o “muy bueno”; mientras que el 69% lo evalúa como “malo” o “muy malo”. La aprobación de Temer es la cifra más baja registrada en 28 años.

Fuente: Clarín