La madre de la adolescente fue procesada porque participó en la interrupción del embarazo contra la voluntad de la madre. Ocurrió en una casa del barrio de Flores.
"Tomalas, hacelo por tu papá y por tu familia", le dijo una madre a su hija adolescente para inducirla a que abortara un embarazo de 16 semanas pese a que la joven no quería hacerlo. Todo ocurrió en agosto de 2015 en una casa del barrio porteño de Flores, donde Marlene Sandoval Morales, ayudada por otra mujer, obligó a la menor a tomar pastillas para interrumpir la gestación del bebé.
Por este hecho, la Cámara del Crimen -conformada por los jueces Marcelo Lucini, Rodolfo Pociello Argerich y Mariano González Palazzo- decidió procesar a la mamá porque consideró que "habría participado en la interrupción del embarazo de (su hija) de 17 años, contra su voluntad".
Según la causa, el hecho trascendió luego de que el 12 de agosto de ese año la chica fue atendida en el Hospital Rivadavia por un "aborto contra su voluntad". Se supo que una semana atrás sus padres la habrían obligado a practicarse el procedimiento cuando supieron que estaba embarazada: "vamos a tener que hacer un aborto", le dijeron a la menor, quien desde el principio se resistió.
Un día, al parecer, la madre hizo ingresar a la vivienda a una mujer, cerró la puerta con llave, tomó el celular de su hija y le explicó que debía interrumpir el embarazo mediante la ingesta de pastillas abortivas. "Tomalas, hacelo por tu papá y por tu familia", le dijo, y pese a su negativa "ante tanta insistencia y tanta presión se vio obligada a tomarlas".
"Luego fue trasladada a la habitación de sus padres, donde la desconocida le habría colocado otras tres píldoras en su vagina", con lo que forzó el aborto. La adolescente se fue a vivir a casa de una tía, y su madre fue procesada -sin prisión preventiva- por un delito que contempla penas de entre tres y diez años de cárcel. "Su rol de progenitora jugó un papel preponderante, que acompañó con actos concretos que determinaron la voluntad de la menor", opinaron los camaristas.
Para ello, resaltaron que "cerró el inmueble con llave y le quitó el teléfono para impedir que contactara a alguna persona en busca de ayuda y además de llevar a quien practicó las maniobras, vertió frases de gran contenido emocional para que acatara su orden". El tribunal trabó además embargo sobre los bienes de la imputada hasta cubrir la suma de 350 mil pesos.