La investigación iniciada por la denuncia de Alberto Nisman, que tomó impulso este año tras el final de la feria judicial, podría tomar un vuelco impensado. Es que el fiscal Gerardo Pollicita pidió investigar qué rol pudo haberles cabido en el encubrimiento del atentado a la AMIA denunciado por el fiscal fallecido a los ex funcionarios kirchneristas Julio De Vido, Oscar Parrilli, Carlos Zannini y Angelina Abbona.

En la presentación original realizada antes de su muerte, Nisman había señalado entre los acusados a la ex presidente Cristina Kirchner, al piquetero Luis D'Elía, al diputado nacional Andrés Larroque y al ex canciller Héctor Timerman, entre otros.

En un extenso dictamen, Pollicita solicitó 32 medidas. Entre ellas, pidió que se acrediten las conversaciones telefónicas que "registren o hubieran registrado" los imputados desde el 1° de enero del 2011 a la actualidad desde sus teléfonos celulares, líneas domiciliarias e incluso servicios de radio. El pedido se extiende además a líneas telefónicas registradas en Casa de Gobierno, la Quinta Presidencial de Olivos, el Ministerio de Energía, Ministerio de Relaciones Exteriores, la Cámara de Diputados y la Agencia Federal de Inteligencia.

Además, se solicitó que se libre un oficio al director nacional de Migraciones para que remitan los movimientos migratorios de todos los imputados entre 2011 y 2015. "Una vez obtenido el resultado de la medida propuesta precedentemente, se requiera a las empresas que hubiesen intervenido en sus traslados que informen sobre la persona física y/o jurídica que hubiese solventado cada uno de ellos y remita las constancias pertinentes", agregó.

De prosperar el pedido de Pollicita, la Secretaría General de la Presidencia deberá informar y remitir los registros de visitas de la Casa de Gobierno y la Residencia de Olivos desde el 2011 al 2015. Y la Secretaría de Legal y Técnica deberá entregar copias del Memorando de Entendimiento con Irán.

El dictamen completo