Unos 200 kilos de soja por hectárea, equivalentes a un servicio de cosecha para levantar el grano, insumirá el Inmobiliario Rural 2017 para un establecimiento ubicado en la mejor zona agrícola de la provincia, en el departamento Marcos Juárez.

El productor del ejemplo deberá computar una trilla “por duplicado” para abonar el tributo, según cálculos de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).

El dato figuró entre los argumentos que los referentes agropecuarios dejaron ante la Comisión de Agricultura y Ganadería en la Unicameral, el pasado miércoles, para rechazar el ajuste tributario definido por la Provincia. Entre otros puntos, pidieron que se excluya taxativamente a los productores afectados por inundaciones, muchos de los cuales llevan dos campañas consecutivas en esa condición.

Dijeron aguardar que, en el debate legislativo, se abran variantes para moderar el ajuste del 35 por ciento promedio (y 45 por ciento de máximo) según la pauta aprobada en primera lectura por la Unicameral ese mismo día. Para el próximo lunes se abre una nueva posibilidad de descargos y observaciones, en la audiencia pública previa a la sanción definitiva.

Las conversaciones que habían acordado mantener las centrales rurales con la Provincia, en función de actualizar las valuaciones y un sistema de cálculo del tributo por productividad, desembocaron en un hecho unilateral, dice la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba.

En paralelo, desde la vereda oficial siguieron los anuncios, al cruce del impacto negativo entre productores y dirigentes. Desde el nivel ministerial, se dio a conocer un acuerdo con la Asociación de Consorcios Camineros para ejecutar 2.500 kilómetros de caminos rurales nuevos, en un plazo de tres años.

Los ministros de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, y de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, reunieron a más de 60 consorcios canaleros y de conservación de suelos para presentar las obras de ingeniería e infraestructura proyectadas para el año próximo. Insistieron en que el presupuesto comprometido “en muchos casos duplica lo invertido este año”.

Sustentabilidad

Los 70 millones de pesos reservados para incentivos de buenas prácticas deberán encontrar otros refuerzos e iniciativa público-privada para crear cultura en materia de rotaciones, sistematización de suelos, conservación o recuperación de ambientes. Los apuros fiscales, el impacto de la inflación sobre las cuentas de la Provincia, parecen haberse adelantado por encima de propuestas como la de la Fundación Fada, que apuntan a un “impuesto inmobiliario sustentable”, basado en premios para las buenas prácticas agrícolas y ganaderas, entre otras.

Según el trabajo de Fada, un descuento del 25 por ciento sobre el Inmobiliario Rural implicaría un costo fiscal neto de sólo el 0,08 por ciento (calculado sobre el Presupuesto 2016), pero que permitiría generar beneficios socioeconómicos, mayores puestos de trabajo, inversión, más dinero volcado a la economía y, en el mediano plazo, un recurso suelo más productivo. 

Entre las prácticas “bonificables” Fada enumera a la siembra directa, la rotación de cultivos, reposición de nutrientes, utilización del agua de manera eficiente, preservación de bosques nativos y la forestación. Todos instrumentos a ser tenidos en cuenta para llegar a una certificación de “Córdoba Sustentable”. Esta meta se presenta todavía con un futuro abierto.


AgroVoz