En más de un millón de hectáreas, que representan el 5% de la superficie total con soja (20 millones), los grandes productores no podrán sembrar este año su propia semilla para hacer el cultivo porque no justificaron, en la última campaña, el origen legal de la semilla usada. Dicho de otro modo, si quieren sembrar soja, deberán ahora ir a comprar la semilla a las empresas.

En los próximos días, en la web del Instituto Nacional de Semillas (Inase), organismo descentralizado del Ministerio de Agroindustria, los productores podrán ingresar con su CUIT y corroborar, entre otros datos, si están habilitados a realizar uso propio.

El uso propio está contemplado por la ley actual de semillas 20.247, que rige desde 1973, y permite a los productores reservarse semilla de su cosecha para volver a utilizarla en la siguiente campaña como semilla. En la actualidad no hay limitaciones para el uso propio. Con un mercado de semillas fiscalizadas que sólo ronda el 15% del total (poco más de 3 millones de hectáreas), en la industria vienen sospechando que detrás de la figura del uso propio mucha semilla de soja se produce y vende ilegalmente en el mercado.

Tras una resolución del Inase que el año pasado obligó a todos los productores con una facturación superior a 1,8 millones de pesos a declarar el origen legal (con factura) de su semilla, comenzó a tenderse un primer cerco sobre el mercado informal. Declararon el origen de su semilla 8000 productores, con una superficie equivalente a seis millones de hectáreas, sobre 16.000 productores que se esperaba que lo hicieran.

Más allá de que no declararon todos, esa acción sirvió para mostrar al Gobierno en la ofensiva. De hecho, hubo más de 2600 intimaciones para quienes no informaron, se hicieron multas y hay trámites por otras 300 multas para quienes no presentaron su declaración jurada. Ahora, el procedimiento que estará disponible en la web del Inase tiende a cerrar más el cerco. "Si no declaró no va a poder hacer uso propio", dijo a LA NACION Raimundo Lavignolle, presidente del Inase.

El fin de semana, en declaraciones a radio Rivadavia, el jefe de Gabinete de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, calculó en más de un millón de hectáreas la superficie en la que los productores no podrán hacer uso propio y dijo que el mecanismo que se aplicará corresponde a un primer listado de grandes productores que, no obstante, no identificó en cantidad.

Ante una consulta de este diario, Lavignolle precisó que "tal vez sea más" la superficie donde no se podrá hacer uso propio.

"La gente va a poder chequear si fue identificado como gran usuario, si declaró o no y si pidió o no el certificado de uso propio. Si no declaró (el origen legal) no va a poder hacer uso propio", explicó el funcionario.

Según Lavignolle, la medida, que llevaría a comprar semilla a quien no puede hacer uso propio, debería "cambiar la curva descendente" que tuvo el mercado de semillas fiscalizadas en los últimos años, que tocó un magro 15%. "Podría subir a 20 o 25% (el mercado fiscalizado, sin contar regalías)", estimó el presidente del Inase.

Desde la industria semillera, Alfredo Paseyro, gerente general de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), estimó que si se cumple la previsión oficial "debería ser mayor" el mercado fiscalizado de la nueva campaña.

De todos modos, admitió que hay dudas porque el productor, debido a los problemas de calidad que hubo por las inundaciones, viene con las compras demoradas y, además, está con cierta incertidumbre sobre el marco regulatorio que va a regir el próximo año. La semana pasada, el Gobierno presentó su proyecto para modificar la ley de semillas que, entre otros puntos, apunta a acotar la figura del uso propio, introduciendo, además un pago para quienes se reserven semilla.