El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, le aceptó la renuncia al jefe de la policía provincial, comisario general Miguel Ángel Ubieta, y puso a cargo de la fuerza al actual subjefe, comisario general Oscar Papaño. Así lo informó esta mañana el ministro de Relaciones Institucionales y Seguridad del gobierno puntano, Martín Olivero.

El funcionario anunció además que el Ejecutivo presentó una denuncia ante la Justicia por la toma del edificio de la Jefatura Central de la Policía que lleva adelante desde esta madrugada parte de un grupo de efectivos que fue separado de la fuerza.Un grupo de efectivos de la policía de San Luis ocupó esta madrugada el edificio de la Jefatura Central de la fuerza, en la capital puntana, en rechazo a la sanción a 51 uniformados que se habían autoacuartelado. Los policías sancionados el lunes reclamaban un aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo.Los policías castigados, a los que se les sumaron paulatinamente otros compañeros no sólo de la ciudad de San Luis sino también de Villa Mercedes y del interior provincial, quemaron gomas en todos los accesos al edificio, en cuyo interior -en su despacho- se encuentra el jefe de la repartición, comisario general Miguel Ángel Ubieta, junto a algunos miembros de la plana mayor.

El jefe de Relaciones Policiales, comisario Carlos Pereyra, que permanece junto al titular de la fuerza en su despacho, dijo que los rebeldes “tomaron el Centro de Operaciones, impidieron que salieran los móviles del Comando Radioeléctrico y cortaron las luces del edificio, quedando sólo las de emergencia".

Por su parte, el abogado Alejandro Miranda, un ex comisario que fuera dado de baja en una revuelta similar en 2005 y que representa a los policías puntanos que llevan adelante la protesta, dijo a la prensa que “la Jefatura no está tomada".

"El jefe y la plana mayor entran y salen cuando quieren, lo mismo que cualquier otro efectivo que así lo desee”, señaló.

Pedido. Los reclamos de los policías son por mejoras en los salarios y en las condiciones de trabajo, y adoptaron esta medida acompañados por familiares, luego de que el gobierno provincial anunciara el lunes la baja de los 51 efectivos que se habían autoacuartelado.

“Vamos a presentar un recurso administrativo” en el gobierno, mientras que en la Justicia “presentaremos una acción de amparo”, teniendo en cuenta que en el contenido de la resolución que pasa a disponibilidad a los oficiales y suboficiales sancionados “no hay un solo fundamento sólido que justifique la medida”, dijo Miranda.

Por el momento, los policías permanecen en el interior del edificio de la Jefatura Central de la fuerza sin protagonizar incidentes ni hechos de violencia, a la espera de la llegada del ministro de Seguridad para comenzar algún tipo de diálogo.

Miguel López, vocero de los aportellados comentó que por estas horas 2hay mucha tranquilidad, la gente los civiles que necesita ingresar a laos edificios se los hace pasar y las oficinas no están trabajando”.

Para los operativos que puedan surgir se encontrarán las guardias mínimas en cada comisaría.
Según el vocero, “el comisario Papaño se dirigió a buscar al fiscal general una denuncia por la supuesta toma ilegal del edificio y por la privación ilegítima de libertad de la plana mayor, cosa que no es así “.

Aseguraron que el comisario Ubieta renunció hace unas horas y salió del edificio “tranquilamente, o sea que privado de la libertad no está ni él ni ningún compañero de cúpula”, explicó López.

Asimismo el vocero confirmó que no hubo desmanes y que el edificio está abierto, pero no funcionan las oficinas, es por ésto que explicó que no está siendo una toma ilegal del edifico.
 
 
 


Fuente: LAVOZ.com.ar