El apoyo del gobierno de Cristina Kirchner resulta tentador para el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, no sólo por el paralelismo entre el caso de la colonia mediterránea con el de las islas Malvinas, sino también porque la Argentina ocupa una de las bancas rotativas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y podría ser el canal para instalar el diferendo en el principal tablero de la política internacional.

La causa común Gibraltar-Malvinas abriría un paraguas en la áspera relación argentino-española que derivó de la expropiación de las acciones de Repsol en YPF, dispuesta por Cristina Kirchner en abril de 2012.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García-Margallo, viajará a Buenos Aires a principios de septiembre para acompañar a la delegación que defenderá allí la candidatura olímpica de Madrid para los juegos de 2020.

El funcionario español tiene previsto reunirse con el canciller Héctor Timerman con Gibraltar y Malvinas como temas seguros de conversación. Rajoy también pisará suelo porteño por unas horas y no se descarta un encuentro con la Presidenta.

El gobierno británico, encabezado por el conservador David Cameron, desestimó de inmediato cualquier iniciativa española cuando una vocera del Foreign Office dijo que la posición de Gran Bretaña respecto de Gibraltar "no ha cambiado" y que es "coherente" con su "política en otros territorios de ultramar".

"La autodeterminación importa más que la integridad territorial. El pueblo de Gibraltar ha expresado de manera repetida y abrumadoramente su deseo de permanecer bajo soberanía británica", agregó la vocera de la cancillería británica.

La tensión entre España y Gran Bretaña recrudeció con fuerza en las últimas dos semanas. Empezó cuando el gobierno local de Gibraltar lanzó al Mediterráneo 75 bloques de hormigón con puntas de acero para crear un arrecife artificial y, en la práctica, impedir la pesca de arrastre a una flota artesanal española que faena en la bahía de Algeciras.

En represalia, España impuso férreos controles policiales en la frontera, que provocan horas de cola para entrar y salir del diminuto territorio británico. Además, amenaza con aplicar un peaje de ingreso y egreso de 50 euros en ese paso y con ejercer un marcaje impositivo a los miles de gibraltareños que tienen propiedades en localidades españolas vecinas.

La crisis despierta preocupación en la Unión Europea (UE), que intenta mediar entre dos de sus mayores socios. La inminente llegada al Peñón de nueve buques de guerra de la armada británica, para ejercicios acordados con anterioridad, permite augurar nuevos episodios de tirantez política.

Un vocero del Ministerio de Defensa británico informó el viernes pasado que la fragata HMS Westminster y dos barcos auxiliares partirán hoy y se espera que visiten las aguas del Peñón "a fines de mes", como parte de "una serie de despliegues militares regulares y rutinarios" que se efectúan cada año.

Fuentes diplomáticas citadas por el diario español El País confirmaron ayer que García-Margallo analiza la opción de plantear el caso ante el Consejo de Seguridad o ante la Asamblea General de la ONU. Una tercera opción es entablar un litigio ante la Corte Internacional de La Haya.

Sería un drástico giro en la estrategia española, que desde su ingreso en la Unión Europea en los años 80 moderó el tono de su reclamo y buscó resolverlo en el contexto de la relación bilateral con Gran Bretaña.

Inglaterra ocupó Gibraltar en 1704, durante la guerra de sucesión española. En 1715, Felipe V cedió a perpetuidad el Peñón a la corona británica a cambio del reconocimiento a su reinado, tal como quedó plasmado en el Tratado de Utrecht.

A lo largo de tres siglos de batallas y discusiones diplomáticas, Londres se apoderó también del istmo que une el Peñón a la península (donde construyó el aeropuerto gibraltareño) y avanza sobre las aguas costeras, no incluidas en el pacto de Utrecht. España alega que aquel tratado tampoco concedía la jurisdicción británica sobre el territorio, sino sólo su propiedad.

La fuerte reacción de Rajoy se debe, en gran medida, a que el lanzamiento de los bloques de cemento, además de perjudicar a los pescadores, implica el ejercicio de la soberanía británica sobre aguas del Mediterráneo que España considera propias.

Rajoy impuso un fuerte cambio de rumbo respecto de la política seguida por su antecesor, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que firmó acuerdos de cooperación económica y abrió un diálogo diplomático tripartito, en el que incluyó como un actor más al gobierno local de Gibraltar.

Ayer, la oposición socialista le exigió a Rajoy que evite "aventuras" y resuelva el conflicto por Gibraltar en el marco de la UE.

LAS DISPUTAS ENTRE RAJOY Y CRISTINA

Las empresas españolas cuestionan la política comercial del gobierno argentino

Expropiación
El gobierno de Cristina Kirchner tomó el control del paquete accionario de Repsol en la petrolera argentina al argumentar que la empresa española no había cumplido con los planes de inversión para extraer crudo

Congelamiento
Una de las principales inversionistas en el país en los últimos 20 años, el gigante de las comunicaciones Telefónica, con matriz en España, mantiene una constante pulseada con el gobierno argentino por el congelamiento tarifario

Trabas
Varias compañías españolas radicadas en la Argentina elevaron sus quejas a la cancillería de su país ante la prohibición de importación de productos y la imposibilidad de girar dividendos, impuesta por el Gobierno

Fuente:La Nación