El Ministerio de Agroindustria presentó ayer en la Comisión Nacional de Semillas (Conase) los lineamientos para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973, cuando no existía la biotecnología y la soja apenas asomaba.

Luego de la batalla con Monsanto por los controles que aplica la multinacional en los puertos, exigiendo cobrar un canon por el grano a quienes no le habían pagado, la iniciativa del Gobierno prevé que todo el pago de la propiedad intelectual se agote en la semilla. Es decir, que no hay reclamos ulteriores.

Además, modifica la figura del uso propio actual, el derecho que permite al productor de soja o trigo guardarse parte de la producción para volver a usarla como semilla.

Ese uso propio se limitará, abriendo la puerta desde la ley al pago de un canon por la semilla a las empresas semilleras. En rigor, se estima que, en volumen, más del 60% de la producción de soja, sobre unos 60 millones de toneladas, va a quedar comprendida en el pago.

En el país hay unos 60.000 productores de soja y 14.000 de ellos,-algo más del 20%- hacen entre el 75 y el 80% de la cosecha. Si en lugar de la producción se considerara la cantidad de productores, serían más del 20% del total los que pagarían. Sin embargo, el cálculo en análisis es por la producción alcanzada, que daría más del 60 por ciento.

De acuerdo con la iniciativa, en primer término habrá un uso propio gratuito para productores inscriptos en el Registro Nacional de Agricultura Familiar (Renaf), pueblos originarios y productores con una facturación inferior a la suma de tres monotributos de la máxima categoría, independientemente de si están inscriptos o no. Esto último equivale, para estar exento del pago, a menos de $ 1,8 millones. El productor puede hacer poca soja, pero si hace otra actividad y supera ese monto deberá pagar.

En segundo término, si el productor se guarda semilla por encima de la superficie original que compró tendrá que hacer un pago de por vida, algo muy relativo por el recambio continuo de variedades.

En tercer lugar, por la semilla comprada, si en tres campañas hace la misma superficie pagará un canon ese tiempo y luego estará liberado de hacerlo, salvo que después supere la superficie.

El canon a pagar lo fijará el titular de la variedad de soja o trigo, pero en la primera compra de la semilla se tendrá que estipular el valor para los años siguientes.

"Con esto proponemos un mecanismo que equilibre los intereses de todos los sectores involucrados con la innovación que hubo (en semillas)", dijo a LA NACION Guillermo Bernaudo, jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, que estimó: "Más del 60% de la producción de soja va a ser plausible de que el obtentor (empresa de semilla) le cobre un derecho".

En la actualidad, sólo el 15% de la superficie de soja, unos 3 millones de hectáreas sobre 20 millones, es semilla certificada comprada todos los años. El resto se divide entre el uso propio y el mercado ilegal. El Gobierno comenzó a exigir que los productores declaren el origen de su semilla. Encontró más de 2500 que incumplieron y en la nueva campaña deberán comprar sí o sí semilla, con lo cual el mercado fiscalizado crecerá en 1,5 millones de hectáreas o más de un 50 por ciento.

Roberto Campi, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), señaló sobre la iniciativa oficial: "Hay que analizarla un poco más, pero en principio nos parece una propuesta interesante. Pasa por el medio de los intereses de todos, aunque muy pocos van a ser exceptuados (del pago)". Campi manifestó una inquietud: "Tengo la duda sobre si Monsanto deja de lado el cobro de regalías sobre la producción (como hizo este año)".

Por su parte, Omar Príncipe, presidente de Federación Agraria Argentina -entidad que viene de presentar un proyecto propio que establece un corte para el pago en más de 1500 toneladas comercializadas y por una segunda multiplicación (dos años)- pidió que se declare de orden público la ley de semillas. "Aparentemente eso no está en este proyecto (por el oficial) y es más acotado el uso propio de lo que proponemos", dijo. También reclamó "que quede claro que el pago se agota en la semilla".