Técnicos y asesores del Gobierno provincial han comenzado la delicada tarea de desvestir a una de las vacas sagradas de la política fiscal de las gestiones de Unión por Córdoba.

Fuentes oficiales admitieron que se están analizando mecanismos para actualizar el valor fiscal de las tierras rurales en Córdoba, que prácticamente no se ha movido en casi 25 años.

La última intervención del Jury de valuaciones rurales fue en 1993. Por lo tanto, los establecimientos agropecuarios pagaron por el Inmobiliario Rural “puro” lo mismo hasta 2009, cuando la Provincia hizo debutar a un fugaz índice de productividad que tocó en forma leve a esos valores y que ahora podría ser reflotado.

Durante ese lapso, el precio de la hectárea se multiplicó, aumentaron las cosechas (también los costos) y hubo años dorados en el precio de los granos, pese al recorte que imponían las retenciones.

El proceso no será nada simple, ya que aquella decisión política de enterrar el revalúo rural tuvo un complemento: en simultáneo, la Provincia creó fondos específicos, que reportan la gran mayoría de los recursos a la caja central, ya que se coparticipa sólo una parte del Fondo de Infraestructura para Municipios y Comunas.

“Estamos evaluando qué y cómo hacerlo. Varias provincias harán ajustes, no tanto del impuesto, sino de la valuación fiscal. También el urbano está atrasado y hay que actualizarlo. La idea es desarrollar un esquema con flexibilidad y que sea progresivo”, explicó uno de los funcionarios involucrados en el tema.

Sin embargo, atajó la pelota de la suba tributaria antes de que alguien la pateara. “Esto no significa que el impuesto vaya a aumentar en la misma proporción. Para nada. El objetivo es sincerar los valores fiscales, porque hay casos que son ridículos”, admitió.

Eso llevaría a tocar también el coeficiente que incide sobre las valuaciones para determinar las bases imponibles, y más aún las alícuotas, para establecer el monto final del tributo para cada contribuyente.

En el Centro Cívico, aseguran que la cuestión estaba en agenda antes de la cumbre de gobernadores que se realizó la semana pasada en la Casa Rosada, en la que la Nación sugirió a las provincias actualizar las valuaciones de los inmuebles ante la decisión de desinflar el Impuesto a los Bienes Personales.

Cambio de escenario
Una de las primeras medidas que tomó el presidente Mauricio Macri fue desarmar el esquema de retenciones al agro, que sólo persiste para la soja, aunque con un impacto mucho menor. Ese cambio, sumado al aumento de la cotización del dólar y a la regularización del comercio de productos del agro, modificó el escenario que predominó durante las gestiones del kirchnerismo.

Por lo tanto, se empezaron a limar los argumentos que año tras año utilizaron las gestiones de Unión por Córdoba para evitar el revalúo de las propiedades rurales.

Uno de los primeros que reaccionó fue el legislador Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba), quien cree que la política fiscal hacia el agro fue usada como base de sustento electoral del oficialismo.
En febrero pasado, presentó un proyecto de ley para convocar a los Jury de valuación de inmuebles rurales y derogar los fondos específicos que inciden en la boleta.

Años atrás, durante el tratamiento de un proyecto para expropiar un campo en la zona de Chazón (departamento General San Martín), García Elorrio advirtió que ese inmueble de algo más de 800 hectáreas tenía, en 2014, una valuación fiscal de 696.930 pesos, es decir, 871 pesos la hectárea. Pero la tasación para la expropiación fijó un precio de 12 mil dólares la hectárea que, al tipo de cambio de ese año, equivalía a 96.960 pesos.

“Una de las razones de tal estancamiento (en las valuaciones) fue evitar que esos inmuebles pasaran a tributar impuestos nacionales como Bienes Personales o Ganancia Mínima Presunta, compensando la disminución en la recaudación con la creación de los fondos de asignación específica. Esto produjo un empobrecimiento de los fondos coparticipables a los municipios”, describió García Elorrio.

Un trabajo de Marcelo Capello y de Benjamín Castiglione, del Ieral de la Fundación Mediterránea, demuestra que los fondos especiales ocupan hoy el papel que antes tenía el Inmobiliario Rural “puro”.

El grado de sustitución ha sido enorme: en 2004, el tributo a la tierra representaba el 84 por ciento de la carga impositiva para el agro. El año pasado, su participación no superó el siete por ciento.