Comprar un paquete de galletitas Chocolinas en la Antártida podría resultar muy caro, pero comprarlas en el Mercado Central para llevarlas después al continente blanco, también.

Se lo conoce como el "Chocolinasgate", pero es una investigación más amplia, por la adquisición de los víveres para la campaña antártica del verano pasado, en la que se habrían pagado sobreprecios de $ 52 millones, equivalentes al 254%. Entre los precios que se aceptaron está el que le dio nombre al caso. El año pasado se convalidó un precio de $ 37,20 por cada uno de los 2900 paquetes de galletitas de chocolate de esa marca. Hoy se consiguen a $ 17,15 por unidad en el portal digital de un supermercado. Éste es sólo uno de los centenares de rubros sobrefacturados en los alimentos destinados a abastecer a la misión de argentinos en la Antártida, una investigación que está en pleno desarrollo.

El asunto es sencillo. En 2015, el Estado Mayor Conjunto compró al Mercado Central alimentos para ser enviados al continente blanco por $ 85 millones. Hasta ahí no muchas sorpresas, ya que era parte de un acuerdo firmado con la Secretaría de Comercio Interior en 2010 para la provisión militar.

Sin embargo, en marzo de este año, algún curioso que tenía que firmar el millonario pago tomó cada uno de los productos y miró el precio unitario que ofrecía un supermercado mayorista. La sorpresa ante la diferencia derivó en una auditoría que comparó los valores de compra con los que estaban vigentes en abril de 2016. El resultado fue que los mismos productos y en similares cantidades podían adquirirse en un comercio minorista -cinco meses después- por $ 33,1 millones y no por 85 millones, como se había contratado. De una simple compulsa se comprobó que el precio total pagado fue 254% superior al que informaba un supermercado minorista en su portal.

El procedimiento está expuesto en una causa que ya está en los escritorios de la Oficina Anticorrupción y que seguirá el camino judicial. "Cuando nos hicimos cargo del mercado recibimos informes de nuestra auditoría interna, que nos mostraban a las claras que en la campaña antártica 2015/2016 había una manifiesta sobrefacturación de más de 250%", dijo Fabián Miguelez, presidente de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires desde enero.

El caso empezó el 5 de noviembre de 2010, cuando se firmó el Convenio Marco de Aprovisionamiento de las Fuerzas Armadas. Llevó el número 112/10 y lo firmaron los ministerios de Economía y Defensa, la Secretaría de Comercio Interior y la Corporación Mercado Central. En este marco se envió el convenio interadministrativo para la campaña del verano 2015/2016, desglosado en ocho acuerdos diferenciados en virtud de la mercadería incluida en cada uno.

Lo que siguió fue un pedido de cotización desde las Fuerzas Armadas al Mercado Central. "La Corporación presentó ante el Estado Mayor una cotización de precios para los productos requeridos en cada convenio, aparentemente acordada con quien resultara el proveedor de los mismos", dice la auditoría.

                        

La contratación ingresó en el circuito administrativo, y en el Ministerio de Defensa se aprobaron las órdenes de compra. El 98,5% del pedido se lo quedaron una sociedad, Rinorm SRL, y una persona física, María Alejandra García Gelmini. El restante 1,5%, Patagonia Sunrise. La lupa se posó en la porción mayoritaria. "No figura ninguna documentación relacionada con el proceso de selección del proveedor ni informe de adjudicación del contrato de suministro que permita evaluar si se cumplieron los controles internos previstos", dice una nota interna firmada por uno de los abogados del Mercado Central y que está en la Oficina Anticorrupción. En teoría, en el mercado concentrador se debía hacer una compulsa de precios entre los vendedores en el predio. Pero nada de eso sucedió.

Según los datos aportados por LNData, Rinorm es una sociedad conformada por dos socios: Ricardo Morales y Norma Gelmini, de ahí su nombre. La empresa se constituyó en 2008 con un capital de $ 10.000, suscripto en un 90% por Gelmini. La otra adjudicataria es María Alejandra García Gelmini, con el mismo apellido que la socia mayoritaria de la empresa. Rinorm y García Gelmini no sólo vendieron Chocolinas con un 216% de sobreprecio. La botella de agua sin gas de litro y medio la cobraron a $ 29 y seis meses después costaba $ 12. Fueron 28.440 botellas 242% más caras que las que se conseguían por unidad en un comercio minorista.

También se compraron 26.400 latas de Coca-Cola a $ 27,70, mientras que un semestre después, y con una devaluación de por medio, en el supermercado costaban $ 9,90. Por la manzana desecada, en envases de cinco kilogramos, se pagó 536% más que lo que se consigue en la góndola. La lata de arvejas presentó una sobrevaloración de 249%, y la de tomates, que se conseguía al momento de la auditoría a $ 13,30, se terminó por pagar $ 39,20 por cada una de las 2950 que se embalaron rumbo a la Antártida (+294%). Con el dulce de leche hubo más cuidado: consolidó un precio por kilo de $ 117,20 (se compraron 542 kilos), un 205% más que lo que costaba en el mercado.

El primer lugar se lo llevó la mortadela. Según constataron los auditores, los 1115 kilos que se compraron en pieza entera se pagaron a razón de $ 545 cada uno, lo que dio un total de $ 608.232. Seis meses después se constató que esa cantidad se conseguía en el mercado a $ 52.966.

Las salchichas no se quedaron atrás. Cada uno de los 5260 paquetes de seis unidades tuvo un valor de $ 59,60. Hoy, en un supermercado minorista, se consigue un paquete por alrededor de $ 25.

LA NACION envió correos electrónicos a Rinorm y a García Gelmini y no tuvo respuesta. En el lugar que la sociedad tiene informado como sede, tanto en el Mercado Central como en la Inspección General de Justicia -Ancaste 3399, del barrio porteño de Pompeya-, hay una persiana cerrada, que según los vecinos no tiene movimiento desde hace mucho tiempo. Nadie respondió cuando este cronista golpeó y esperó más de 30 minutos la salida de algún responsable de un jugoso contrato por $ 85 millones.

Morales sí respondió el teléfono. Sólo se le escuchó reclamar una y otra vez que se le confiara quién había proporcionado su número. "Todo está en manos de abogados", se limitó a decir, aun antes de que se le comentara el motivo de la llamada.
Rinorm facturó al Mercado Central $ 79.155.749,36 por seis de las ocho órdenes de compra, mientras que García Gelmini facturó $ 3.587.580,65 por una. La restante es de Patagonia Sunrise. Con estas facturas en la mano, el mercado concentrador facturó al Estado Mayor Conjunto $ 84,1 millones, dinero que entró en las cuentas de la corporación, según los registros del Banco Provincia.

La mercadería se pagó y se envió al Sur. Seguramente los curtidos ciudadanos que pernoctan en los campamentos de la Antártida no tendrán conciencia de que consumen los alimentos más caros que se hayan pagado en la Argentina del último año.