La posibilidad de que Cristina Kirchner vaya presa ya es una realidad. La admiten hasta algunos de los militantes más fieles del Frente para la Victoria, como la diputada nacional Diana Conti.

"Los jueces y fiscales van a tener que pensar si quieren ser ellos los que dirijan una investigación penal o van a dejarse dirigir por otros factores. Si esos factores predominan, Cristina puede ir presa. Es lo que nosotros tememos", reconoció la legisladora, identificada con el sector más duro del kirchnerismo.

Conti aclaró que, en caso de que la ex mandataria vaya a la cárcel, no será "por una causa real, sino porque es una forma de dar pasto a las fieras de la antipolítica". La dirigente kirchnerista se refería así a los medios de comunicación, los empresarios más poderosos del país y otros representantes de lo que denomina "los poderes fácticos" que gobiernan la Argentina tras las sombras.

Si existen serias posibilidades de que Cristina Kirchner vaya presa, la gran pregunta es qué sucedería en el país ante ese escenario. Conti imagina que la detención traería un reclamo popular muy fuerte: "La van a empoderar aún más", vaticinó, en diálogo con el periodista Mauro Viale por América TV.

La diputada insistió en que la ex presidenta "está a derecho" y seguirá "peleando judicialmente contra la arremetida de los jueces que son funcionales a que la política como actividad transformadora no tenga valor ni poder". Incluso la comparó con Juan Domingo Perón al recordar que "durante sus primeros mandatos tuvo 70 causas judiciales".

Este domingo, una dirigente del signo político opuesto dio un diagnóstico similar. "No es imposible que Cristina termine tras las rejas. Me la imagino presa. Es difícil, pero ojalá la Justicia actúe y que sea igual para todos", dijo Graciela Ocaña, legisladora porteña y una de las principales denunciantes de la familia Kirchner, en una entrevista con el diario Hoy, de La Plata.

Mientras tanto, las causas judiciales contra la familia presidencial siguen su curso. Este jueves, el juez Julián Ercolini ordenó embargar los 4.664.000 de dólares encontrados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner hasta tanto se determine cuál es su verdadero origen.