La Corte Suprema de Justicia intervino por primera vez en la polémica por las distintas causas que se iniciaron contra el aumento de tarifas dispuesto por el gobierno nacional.

Si bien aún no tiene un expediente bajo su órbita para poder analizar y expedirse sobre la cuestión, en uso de sus atribuciones dispuso una serie de medidas tendientes a obtener información sobre el tema.

Puntualmente, el máximo tribunal de Justicia requirió al Estado Nacional un pormenorizado informe en el que deberá explicar, por ejemplo, cómo ha sido la evolución de las tarifas de gas y, de corresponder, "el impacto que esta evolución ha provocado en la prestación del servicio".

El Ente Regulador del Gas (ENARGAS) deberá detallar también los parámetros que tuvieron en cuenta para determinar los aumentos y la relación de esas medidas administrativas con las pautas que están contenidas en los contratos de concesión.

Además tendrá que especificar fundadamente "la existencia o inexistencia de la ponderación de los principios de gradualidad y progresividad para la determinación de los cuadros" y los criterios que se analizaron para fijar el alcance de la tarifa social.

Fuentes judiciales explicaron a Infobae que los ministros desean evaluar el impacto económico y social de las resoluciones adoptadas por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. El objetivo principal es evitar que el ajuste sea de tal magnitud que se torne imposible de pagar para la mayoría de los ciudadanos.

En la misma resolución, el órgano jurisdiccional elevó una solicitud para que los juzgados y las cámaras de Mendoza y La Plata que tienen casos vinculados con el aumento de tarifas informen en qué estado se encuentran los trámites que están bajo su órbita.

Pese a estas definiciones, los integrantes de la Corte Suprema aún no están en condiciones de emitir un fallo para dictar una definición sobre el fondo de la cuestión. Sucede que aún el gobierno nacional aún no apeló las sentencias que le pusieron un freno a los aumentos. Una vez que el Estado interponga la vía recursiva correspondiente, el tribunal quedará en condiciones de expedirse. Los conocedores de los pasillos del Palacio de Tribunales creen que no será antes del mes de agosto.

La novedad judicial surge luego que el Gobierno estipulara un tope de 400% en las facturas de gas en comparación con lo que las familias pagaban el año pasado. En el caso de los comercios, el límite es de 500 por ciento.

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