Tres años después del derrumbe en Chile que dejó sepultados a 33 mineros durante 69 días, a más de 600 metros de profundidad, dos noticias -una judicial y otra comercial- volvieron a golpear a los atribulados trabajadores, la mayoría de los cuales aún no puede retomar una vida normal.

La primera es quizá la más dura, por el símbolo que representa la mina San José, el clausurado pique de oro y cobre en el cual quedaron atrapados. La junta de acreedores de la minera San Esteban, propietaria del yacimiento y que se declaró en quiebra pocos días después del rescate, acordó que la mina saldrá a la venta y que podrá incluso volver a operar si se cumplen ciertas exigencias, como la construcción de nuevas galerías.

Ello contradice una de las principales promesas hechas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que declaró el sitio definitivamente clausurado después de la salida del último de los mineros. Incluso se evaluó levantar en el lugar un monumento en honor a los trabajadores afectados.

En tanto, la segunda noticia fue la decisión de la fiscalía de Atacama de cerrar su investigación sobre el accidente sin acusados ni culpables, descartando todo mérito para iniciar un juicio penal en contra de los dueños de la mina y del organismo estatal responsable de la fiscalización.

Según informó la junta de acreedores, el dinero que se recaude por la venta de la mina será destinado al pago de los finiquitos de los más de 200 trabajadores que operaban en la mina y a la cancelación de unos cinco millones de dólares, un cuarto del valor total del rescate, de acuerdo con el convenio judicial al cual llegaron la empresa y el Consejo de Defensa del Estado.

"¡Me enterraron otra vez estos desgraciados! Estoy mal, he llorado toda la mañana. Esto es un ejemplo de la mala justicia chilena", se quejó el mediático minero Mario Sepúlveda, uno de los pocos que consiguieron salir adelante con charlas motivacionales para empresas. "Me da rabia y frustración. Nos han abandonado", agregó otro minero, Omar Reygadas, por estos días sin trabajo.

Ambos hechos también decepcionaron al responsable del rescate, el emblemático ex ministro de Minería Laurence Golborne. "Es algo muy lamentable y frustrante para quienes estuvimos involucrados en ese proceso. Me parece increíble que después de tres años de investigación se determine esto", dijo Golborne, en conversación con LA NACION.

Respecto de la posibilidad de que la mina San José vuelva a funcionar, el ex ministro -hoy candidato a senador por Santiago Oriente- reconoció sentimientos encontrados. "Desde el punto de vista emocional, me deja perplejo y me provoca angustia y preocupación. Ahora, desde la racionalidad, soy ingeniero y sé que la tecnología y el cumplimiento de las medidas de seguridad debiesen permitir un funcionamiento fluido", precisó Golborne, tras criticar a la oposición por no haber aprobado en el Congreso el proyecto de seguridad minera elaborado por su ministerio y un grupo de diputados oficialistas.

En la vereda opuesta, en tanto, la senadora socialista Isabel Allende, uno de los rostros habituales en el campamento Esperanza, enclave montado en la mina durante los días que duró el rescate, también se mostró desencantada con la decisión judicial. "Es extremadamente doloroso que no haya responsabilidades para estos empresarios que sí actuaron con determinadas dejaciones. La mina sí tenía problemas. Y también es doloroso que este caso, que despertó tanto interés mundial, termine sin ninguna responsabilidad", criticó.

La mayor parte de los 33 mineros está sin trabajo y con tratamiento psicológico permanente. Su última reunión se produjo anteayer, cuando repasaron los detalles de la tantas veces postergada película sobre el caso que se filmará en Hollywood. A la vez, mantienen pendiente un juicio civil contra el Estado por su eventual responsabilidad o negligencia en el accidente.

FIN A UNA CAUSA SOBRE PINOCHET

Tras casi nueve años de indagatoria, la justicia chilena cerró la investigación sobre el dinero oculto del ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) en cuentas del exterior, sin que ningún miembro de su familia resultara acusado.El juez Manuel Valderrama decidió cerrar el denominado "caso Riggs", al agotar las diligencias sin aclarar el origen de gran parte de los más de 21 millones de dólares que se encontraron ocultos en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras instituciones extranjeras a nombre de Pinochet y su familia.

Fuente:La Nación