En Madrid. En medio de una escalada de tensión que puso en alerta a la Unión Europea (UE), la valla de Gibraltar volvió de repente a convertirse en una frontera caliente después de años de relativa calma entre España y Gran Bretaña.
El primer ministro británico, David Cameron, transmitió ayer su "seria preocupación" por las amenazas del gobierno español de aplicar "medidas duras" contra Gibraltar, como un peaje de 50 euros para entrar y salir del territorio, o restricciones al uso del espacio aéreo.
El nuevo episodio en el conflicto de 300 años por la soberanía del Peñón estalló la semana pasada, cuando barcos gibraltareños lanzaron al Mediterráneo 75 bloques de hormigón con ganchos para crear un arrecife artificial y, en la práctica, impedir la pesca de arrastre de los buques españoles.
La reacción se sintió fuerte en la verja, como se conoce el paso fronterizo desde La Línea de la Concepción hacia el área controlada por Gran Bretaña. La policía española impuso minuciosos controles a los autos que intentan entrar en Gibraltar, lo que provocó demoras de hasta ocho horas bajo un sol de infierno.
Gran Bretaña convocó el viernes al embajador español, Federico Trillo, para transmitirle una protesta por esa actitud que provoca un virtual aislamiento de los casi 30.000 habitantes del Peñón y una ruina para el turismo de la zona.
"Se acabó el recreo en Gibraltar", respondió el domingo José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores del presidente Mariano Rajoy. El canciller añadió que su intención es "apretar las tuercas" a los británicos.
Ayer, alentado por la "preocupación" que expresó Cameron, el jefe del gobierno gibraltareño, Fabián Picardo, respondió que interpretaba las advertencias de García-Margallo como "un ruido de sables al estilo de Corea del Norte" y comparó la política actual con la aplicada por el franquismo.
Rajoy, en medio de la crisis que atraviesa por el escándalo de corrupción en el Partido Popular (PP), fue implacable en su postura. Además de amenazar con un peaje y con la limitación de los vuelos sobre territorio español, su gobierno dijo que estudiaba iniciar investigaciones patrimoniales sobre los ciudadanos con domicilio legal en Gibraltar, un conveniente paraíso fiscal, que en realidad viven del otro lado de la verja.
La Comisión Europea (CE) admitió su inquietud por la tensión creciente entre dos de sus mayores socios. Citará a autoridades de los dos países y pidió que los controles impuestos por España fueran "proporcionados".
Como Gran Bretaña no integra el área Schengen de frontera común, España tiene derecho a pedir documentación y controlar a los viajeros que pasen desde Cádiz hacia la zona británica. El secretario de Estado de Asuntos Exteriores español, Gonzalo De Benito, afirmó anoche que los controles son "proporcionados", "no discriminatorios" y "responden a la normativa europea".
Gibraltar, un espacio de siete kilómetros cuadrados ubicado en el extremo sur de la península ibérica, tiene un estatus similar al de las islas Malvinas: territorio de ultramar de Gran Bretaña, que le da autogobierno, pero se encarga de su defensa y abastecimiento. Sus ciudadanos -los "llanitos", como los llaman en Andalucía- son nacionales británicos y mantienen una fluida relación comercial y cultural con las localidades españolas vecinas.
De hecho, el conflicto de los últimos días causa gran preocupación en La Línea, el pueblo más cercano a la frontera: más de 7000 de sus habitantes trabajan en Gibraltar y están sufriendo las eternas demoras para pasar los controles policiales. Además, el consumo de los gibraltareños es vital para las poblaciones cercanas de Cádiz, la provincia española más golpeada por el desempleo y la recesión.
La otra gran fuente de ingresos en la región (además del turismo) es la pesca, amenazada por el lanzamiento de los bloques de hormigón que cierran a la faena el área más transitada por la flota artesanal de Algeciras y La Línea.
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había abierto una senda de diálogo con Gran Bretaña y las autoridades de Gibraltar, que se cristalizó en acuerdos de cooperación y en una visita sin precedente al Peñón del entonces canciller, Miguel Ángel Moratinos. La llegada de Rajoy al poder significó un paulatino regreso al reclamo de soberanía a cara de perro.
El episodio de los bloques de hormigón lanzados en el mar cuya jurisdicción España no reconoce a Gran Bretaña revivió una retórica hostil que hacía tiempo que Londres no usaba con un aliado en la UE y en la OTAN.
"Tomaremos todas las medidas necesarias para salvaguardar la soberanía británica sobre el territorio", dijo ayer un vocero del Foreign Office.
CRUCE VERBAL POR EL PEÑÓN
Las palabras del canciller no fueron bien recibidas
Desde Londres y Gibraltar respondieron con firmeza a las amenazas de mayores controles pronunciadas por el gobierno de Rajoy
García-Margallo / Canciller de España
"Con Gibraltar se ha acabado el recreo de la época anterior; tienen que entender que vamos a intentar recuperar lo que es recuperable"
David Cameron / Premier de Gran Bretaña
"Estoy seriamente preocupado por los hechos en la frontera entre España y Gibraltar", dijo el premier a través de un vocero
Fabián Picardo / Ministro principal de Gibraltar
"Lo que dijo García-Margallo recuerda más al tipo de declaración que podrías escuchar de Corea del Norte que de un socio de la UE".