Con el objetivo de adecuarla a la norma nacional, la Provincia firmó un decreto que difiere la aplicación de artículos de la ley de bosques y modifica su reglamentación. De esta forma, Córdoba podría percibir cerca de 20 millones de pesos anuales para proteger los bosques y pagarles a los dueños de predios con monte nativo.

El problema es que este decreto no fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, procedimiento esencial para que quede vigente según el artículo 2º del Código Civil.

El episodio trascendió a tres años de la sanción de la ley, el 5 de agosto de 2010 a altas horas de la noche y tras un duro debate en la Legislatura.

El texto fue exhibido a la Nación como normativa válida, según pudieron confirmar este diario y la senadora nacional Norma Morandini. Lo curioso es que tanto ruralistas como ambientalistas desconocían su existencia.

La modificación está firmada por el gobernador José Manuel de la Sota; el ministro de Agua, Ambiente y Energía, Manuel Calvo, y el fiscal de Estado, Jorge Córdoba. Está fechado el 4 de octubre de 2012, N° 1.131.

El decreto deroga párrafos del decreto reglamentario y posterga la aplicación de parte de la ley, otra medida polémica. El objetivo es “eliminar el concepto de aprovechamiento sustentable” y no permitir el desmonte en predios que sean aptos para producir bajo riego.

La Dirección de Bosques de la Secretaría de Ambiente de la Nación cuestionó siempre estos puntos y fueron los argumentos centrales para negarle los fondos que prevé la ley nacional.

Se especula que la Provincia no difundió este decreto para evitar la polémica con los productores agropecuarios, quienes se verían perjudicados con las modificaciones. En cambio, mostró esta “carta” a la Nación para poder destrabar el giro del dinero.

“Celebramos el decreto 1.131/12, que pone parches a dos aspectos inconstitucionales de la ley de bosques”, dice Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental. Aunque luego aclara: “Sin embargo, creemos que los bosques nativos requieren soluciones de fondo”.

Uno de los dos puntos que modifica es la aplicación del concepto de “aprovechamiento sustentable”. “Es un eufemismo para permitir el rolado o control selectivo de bajo impacto y la implantación de especies exóticas, que nada tienen de sustentables para la categoría de conservación I (rojo), que la propia ley define como ‘sectores de bosques nativos de muy alto valor de conservación que no deben transformarse’”, dice Kopta.

El otro aspecto modificado por el decreto “secreto” es diferir la posibilidad de que, si existe o se genera infraestructura para riego, un predio de categoría de conservación I (rojo) o II (amarillo) pase a la categoría III (verde), en la cual se permite el desmonte total.

Estos dos puntos y otros más forman parte del argumento que la Universidad Nacional de Río Cuarto esgrimió para pedir la inconstitucionalidad de la norma provincial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no se expidió.

La senadora Morandini realizó un pedido de informes a la Provincia para que dé precisiones sobre este decreto secreto. Hasta el jueves, no había sido respondido. Ante la consulta de este diario, la Provincia no brindó precisiones sobre el tema. La Nación tampoco dio detalles.


Fuente: LAVOZ.com.ar