La medida fue adoptada mediante la resolución 85/2013, firmada el viernes último por el titular de la cartera castrense, Agustín Rossi, un día después de conocerse la evasión de Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central.
El Ministerio de Defensa oficializó hoy la decisión de prohibir la internación o asistencia ambulatoria de represores en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las Fuerzas Armadas, luego de la fuga, la semana pasada, de dos condenados por delitos de lesa humanidad.
La medida, publicada hoy en el Boletín oficial, fue adoptada mediante la resolución 85/2013, firmada el viernes último por el titular de la cartera castrense, Agustín Rossi, un día después de conocerse la evasión de Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi del Hospital Militar Central ubicado en el barrio de Palermo.
"Prohíbese al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al jefe del Estado Mayor General del Ejército, al jefe del Estado Mayor General de la Armada y al jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea la internación y/o asistencia ambulatoria en hospitales militares o unidades de salud dependientes de las fuerzas armadas, de personas condenadas penalmente o procesadas con privación preventiva de la libertad que tengan o hayan tenido estado militar", ordena el artículo 1º.
Luego, indica que la prohibición "alcanza a la totalidad del personal civil y/o militar de las Fuerzas Armadas".
Finalmente, señala que "todo requerimiento de carácter judicial de internación y/o asistencia médica" de las personas incluidas en la resolución "deberá ser comunicado inmediatamente al Ministerio de Defensa para su consideración y efectos, bajo apercibimiento de aplicación de sanciones administrativas y/o disciplinarias".
En otra medida adoptada en el mismo sentido tras la fuga de Olivera y De Marchi, los ministerios de Justicia, Defensa y Salud acordaron ayer conformar una comisión de médicos para revisar los antecedentes de salud de los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
En tanto, se encuentra vigente la recompensa de 2.000.000 de pesos para quienes aporten datos que permitan recapturar a los ex militares recientemente condenados en la provincia de San Juan.