El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata extendió hoy por seis meses la prisión preventiva deLeonardo Fariña, detenido en la cárcel de Ezeiza desde hace dos años en una causa por evasión de impuestos.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que los jueces German Castelli, Carlos Rozanski y Cesar Alvarez entendieron que existe "riesgo de fuga" por parte de Fariña en caso de ser liberado.

Así, el ex marido de la vedette Karina Jelinek seguirá detenido hasta la realización del juicio oral.

Fariña fue detenido el 25 de marzo de 2014 por orden del fallecido juez federal de La Plata Manuel Blanco, quien lo procesó por el delito de evasión fiscal agravada, con una pena máxima de ocho años de prisión, porque no pagó 4.620.000 de pesos del impuesto al valor agregado de 2010 y 7.700.000 de pesos de impuesto a las ganancias.

La evasión fue en la compra de la estancia "El Carrizalejo", en Mendoza, que Fariña compró en 2010 por cinco millones de dólares en efectivo y que vendió dos años después por 1.800.000 de dólares a Roberto Jaime Erusalimsky.

Este viernes se cumplen dos años de prisión preventiva –el plazo máximo que la ley permite para estar detenido sin condena, aunque con posibilidad de prórroga– y la defensa de Fariña pidió su libertad.

Pero los jueces prorrogaron en seis meses la detención de Fariña.

Los camaristas resaltaron la "falta de arraigo de Fariña, su capacidad económica, los numerosos viajes al exterior que ha realizado, como así también su frecuencia, costo y modalidad, con contrataciones privadas en vuelos en varias ocasiones y, finalmente, la aparente falta de correspondencia entre su nivel de vida y los ingresos declarados, aspectos que deben ser contemplados a la luz del pleigro de fuga".

Además merituaron "la complejidad del hecho investigado en la presente causa y la voluminosidad del expediente (tratándose de once cuerpos, mas de ocho indicentes, agregados y anexos)" y que la realización del juicio está próxima.

Fariña también está procesado por el juez federal Sebastián Casanello por lavado de activos en la llamada causa "ruta del dinero k" porque no pudo justicar una serie de operaciones que la Unidad de Información Financiera (UIF) reportó como sospechosas.