Un juez federal de San Pablo volvió a anular hoy de manera cautelar el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia de Brasil, después de que dos tribunales de segunda instancia suspendieran decisiones similares presentadas la víspera.

El juez Luciano Tertuliano da Silva, de la Justicia Federal de Assis (San Pablo), justificó su decisión con el argumento de que Lula y su ahijada política, la presidenta Dilma Rousseff, interfirieron en la investigación de la corrupción en la petrolera Petrobras.

La designación de Lula ya había sido suspendida por dos jueces de Brasilia y Río de Janeiro el jueves, pero otros dos tribunales derribaron posteriormente esas cautelares.

Lula da Silva tomó juramento el jueves como jefe de gabinete del gobierno de su sucesora, la presidente Dilma Rousseff, un cargo que le da al carismático líder la oportunidad de ayudar a bloquear un juicio político que se sigue en contra de la mandataria y que también dificulta las indagaciones que se adelantan en contra del propio ex presidente en relación a una amplia investigación por sobornos en la estatal petrolera Petrobras.

Partidarios de Lula, uno de los líderes políticos más famosos del mundo y presidente de Brasil de 2003 a 2010, empezaron a reunirse por puñados en diversas ciudades del país, particularmente en el sur industrializado, donde el ex trabajador metalúrgico y sindicalista tiene su fortín político.
En San Pablo, decenas de miles de personas salieron a la Avenida Paulista, frente del museo de arte de la ciudad, vestían camisetas rojas y gorras y entonaban el cántico ``Lula, el ministro de la esperanza''.

"Lula, Dilma y el Partido de los Trabajadores son los únicos que han ayudado a los pobres, nos dieron acceso a una mejor educación, empleo y atención sanitaria'', dijo Ronaldo Carlos un guardia de seguridad privada de 35 años mientras agitaba una pancarta roja y blanca que tenía pintado el rostro de Rousseff y la frase "Dilma se queda''.

Crisis política

La crisis política, que ha tocado a las más altas figuras del país, ocurre a menos de seis meses de que Brasil celebre los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Los barrios pobres del noreste de Brasil, el país más poblado de América Latina, han sido víctimas de un brote del virus del zika que científicos creen que está ligado al nacimiento de cientos de niños con una extraña malformación congénita que hace que las cabeza de los bebés sean más pequeña de lo normal.

La economía brasileña, motor de las de los países vecinos, se ha contraído en un 4%, la inflación ha aumentado y los anuncios de despidos masivos atemorizan a la población y se han vuelto en parte de la vida cotidiana.

La oposición acusa a la presidenta Dilma Rousseff de querer ayudar al otrora popular Lula da Silva a evitar un cerco legal que se cierne sobre él. Hace menos de dos semanas el expresidente fue llevado a un interrogatorio realizado por la policía en relación con una investigación de corrupción de largo alcance en la estatal petrolera Petrobras.

Por decisión de la Corte

Los miembros del gabinete solo pueden ser investigados, acusados o encarcelados con autorización de la Corte Suprema.

Los partidarios de la mandataria tienen otra lectura: dicen que la habilidad del expresidente de 70 años para llegar a consensos y su carisma que desarma animosidades, pueden ayudar a que Rousseff evite un juicio político en el Congreso y a que vuelva a encarrillar la economía del país que parece ir a un abismo.

Los índices de popularidad de Rousseff se desplomaron al 8% mientras que libra una lucha por su supervivencia política e intenta sortear los intentos por destituirla mediante juicio político ante denuncias de mal uso de fondos fiscales en una investigación que no está relacionada con los presuntos malos manejos de Petrobras.

El juicio político dio un paso importante el jueves con el nombramiento de una comisión especial en la cámara baja del Congreso.

Lula y Rousseff han negado insistentemente que hayan cometido cualquier irregularidad.
En una carta pública, Lula dijo que las dos últimas semanas han estado marcadas ``por episodios tristes y vergonzosos'' que le han hecho daño a todos los brasileños.

Como a menudo lo hace, Lula echó mano de sus orígenes humildes y de la poca educación formal a la que tuvo acceso. ``Pero como ser humano sé distinguir entre el bien y el mal, y entre la justicia y la injusticia.''

También cuestionó la legalidad de la sorpresiva revelación de unas grabaciones telefónicas entre él y una serie de prominentes figuras públicas, incluyendo a Rousseff.

La noche del miércoles el juez Sergio Moro, a cargo de la investigación por la entrega de presuntos sobornos en Petrobras, dio a conocer las escuchas telefónicas poco después de que fuera nombrado jefe de gabinete, y y sostuvo que las escuchas parecen insinuar que hubo intentos para influenciar a las autoridades judiciales a favor del expresidente.

Rousseff dijo que la divulgación de las cintas era ilegal y que su revelación fue un ``intento por traspasar los límites que impone un estado democrático''.

El juez Moro comparó la situación política brasileña con una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que fue un hito en el escándalo del Watergate, que derrocó al presidente Richard Nixon.

"Ni siquiera la más alta autoridad de la república tiene el privilegio absoluto de la confidencialidad de sus comunicaciones'', dijo Moro, y agregó que la decisión en el caso de Nixon, que data de 1974 y que autorizó la publicación de sus conversaciones, era ``un ejemplo a seguir''. 

El jueves Eduardo Cunha, presidente de la Cámara baja y enemigo de Rousseff, conformó el comité que decidirá si se debe seguir adelante con el juicio político contra la mandataria. La decisión fue celebrada en la plenaria de la Cámara de Representantes por opositores que sostenían pancartas que decían ``juicio político ahora'', mientras que aliados de Rousseff coreaban ``no habrá un golpe de estado''.

Este es el primer paso en un largo proceso que incluye múltiples votaciones en la Cámara de Representantes y el Senado. Analistas consultados dicen que, de seguir adelante, el proceso podría llevar meses.

El nombramiento de Lula enfureció a la población y dio lugar a marchas en las que participaron unas tres millones de personas el jueves en Brasilia y Sao Paulo, con muñecos inflables de Lula vestido como presidiario. El fin de semana pasado también se registraron manifestaciones en todo el país y se preveía la realización de un acto a favor de Lula en las próximas horas, pero no estaba claro si asistiría el exmandatario.
 
La Nación