La estrategia se conoce desde hace días, cuando empezaron a reunirse la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff , y su antecesor, Luiz Inácio Lula da Silva. El objetivo: protegerse de la cadena de acusaciones que hoy golpean al Partido de los Trabajadores, envuelto en un escáldalo de corrupción y lavado de dinero.

La información por confirmada hoy por el diario brasileño O'Globo.

El Gobierno espera que la incorporación de Lula al gabinete ayude a frenar los intentos de destitución de Rousseff. De paso, el ex mandatario obtendrá el privilegio de los fueros, con lo que solo podrá ser procesado en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, la oposición presentó hoy una demanda ante un tribunal de Brasilia, al que solicita que impida el posible nombramiento como ministro del ex presidente debido a las causas que enfrenta en la Justicia.

La demanda fue presentada por los partidos Popular Socialista (PPS), de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Demócratas (DEM), que califican la eventual designación de Lula como ministro de "afrenta al Estado Democrático de Derecho".

El documento acusa a la presidenta de "usar su prerrogativa de escoger libremente a los miembros de su Gobierno para privilegiar con la prerrogativa de foro" a su padrino político.

La oposición fundamenta el pedido en las causas abiertas por la Justicia contra Lula, quien está investigado en diversos procesos por sospechas que van desde enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero hasta falsificación de documentos.

"Es un claro intento de obstruir a la justicia y caracteriza un desvío de finalidad, pues el único objetivo de esa maniobra es garantizarle a Lula un foro privilegiado", declaró el jefe del grupo del PPS en la Cámara de Diputados, Rubens Bueno, al presentar la demanda.