A poco más de una semana de instalarse el debate por la "Ley de Derribo", muchas cuestiones inicialmente borrosas se han ido aclarando. Es el caso de las declaraciones de ministros y funcionarios, que se vieron matizadas cuando la sociedad tuvo acceso al decreto que declara la "Emergencia en Seguridad" y el anexo correspondiente al procedimiento para un eventual derribo de aeronaves no identificadas o que no acaten las órdenes de las autoridades locales.

Mientras los especialistas saben con certeza la falta de operatividad en la que se encuentra la aviación militar, la sociedad en general intuye que el estado general de las fuerzas armadas es paupérrimo y que sus integrantes solo cuentan con su propia buena voluntad y mayor o menor talento personal para realizar su tarea. Las fuerzas policiales, en tanto, tienen un poco más de consideración por parte de las autoridades políticas, no por amor sino por la necesidad que tiene la política de no seguir bajando los estándares en materia de seguridad.

Fuentes de la aviación naval y de la propia fuerza aérea consultadas para esta nota aportan datos escalofriantes: la aviación naval fue capaz de hacer egresar en 2014 a 4 pilotos navales, en 2015 solo a dos, y no tiene en la práctica aviones de combate o interceptores en capacidad de operar. La fuerza aérea tiene a sus jóvenes oficiales con sus prácticas de vuelo obligatorias demoradas en algunos casos hasta por dos o tres años por falta de material de vuelo.

El dato que la Fuerza Aérea Argentina le alquila los aviones de entrenamiento a la empresa FAdeA (estatizada por el kirchnerismo para fabricar aviones, sin resultado alguno, pese a la millonaria inversión) es alarmante e irrisorio. FAdeA cuenta con diez aviones reciclados "Grob" –ensamblados en Argentina, pero fabricados en Alemania- de los cuales funcionan 5 o 6 y con ellos deben cumplir sus horas de vuelo tanto los aviadores de la FAA como así también los navales que concurren a Córdoba a hacer su práctica, desde que la marina militar perdió en la práctica su capacidad de entrenar a sus propios aviadores. A ellos se suman los pilotos del Ejército que también se entrenan con este escaso material.

El recientemente designado Jefe de Estado Mayor de la Aeronáutica, el brigadier mayor Enrique Amrein, viene de ser director de educación de la fuerza, quién mejor que él para opinar sobre el tema y aportar soluciones

Una visita a las distintas páginas web de cada fuerza armada no solo permite tomar conocimiento de las generalidades de las mismas. Con orgullo, cada institución nos cuenta cuál su equipamiento sin decirnos –claro está- el estado de operatividad de los mismos. Algunas páginas como la de la Armada Argentina ilustran más sobre actividades sociales o culturales que sobre tareas operativas o profesionales.

Si se considera que las autoridades nacionales están recién asumidas, si se agrega el detalle que también lo están las cúpulas de tres de las cuatro fuerzas federales de seguridad y que a partir de esta semana se inician las renovaciones de las cúpulas castrenses en las tres FFAA y en el Estado Mayor. Conjunto y a todo ello se le agrega lo que antes se ha dicho sobre presunciones y certezas sobre el estado general de las estructuras uniformadas de la patria, estaríamos tal vez en una inmejorable ocasión de blanquear ante la sociedad civil el verdadero estado de las mismas.

Ese pueblo al que todos declaman "deberse", ese por el que todos aseguran "dejar hasta la vida si fuera necesario" y el mismo al que unos y otros vienen a "servir", merece como mínimo saber en qué lugar se encuentra parado en la materia.


Nadie pretende conocer en detalle el stock de los polvorines militares, ni la cantidad de armamento de las fuerzas policiales, pero sí por lo menos saber a grandes rasgos porcentuales en qué grado de operatividad se encuentran nuestros recursos de defensa. Luego se verá si se usan los mismos al servicio de la seguridad o no, pero si realmente no hay pilotos y menos aviones, ¿de qué defensa aérea estamos hablando?

El propio ministro de Defensa, Julio Martínez, cuestionó desde su banca en diputados dos años atrás la compra de los vetustos remolcadores rusos, con tecnología de hace 30 años y que ni siquiera tienen repuestos en el mercado local. Días pasados, ya como jefe de cartera, los fue a conocer y recibió la explicación acerca de las "ventajas comparativas " de esta chatarra respecto a los barcos de más de 70 años que aún patrullan ríos e incluso se adentran en las peligrosas aguas del continente blanco.

Todo lo malo, lo vetusto y lo inútil que tengamos en el inventario militar y policial no es culpa del presidente Macri, ni de sus ministros de Defensa y Seguridad, y digamos que "casi" tampoco de los nuevos jefes militares o policiales en pleno proceso de asunción. Pero si rápidamente no se asume, por ejemplo, que 8 años para reparar un barco como el Irízar es cuando menos terrible; si obligamos a las actuales autoridades del principal taller naval estatal a no marcar una diferencia de estilo; si no se asume un cambio de criterio y se permite a los profesionales de uniforme a poder –una vez recibidas las directivas estratégicas correspondientes del parte del poder político- ejercer su profesión aplicando las tácticas convenientes de acuerdo con su criterio profesional, seguiremos por el camino equivocado.

La era de los "Bernis" luciendo traje "anti-exposición" durante un escape de gas tóxico; casco de bombero durante el derrumbe de un balcón en Tribunales; chaleco antibalas colocado al revés en Santa Fe o (lo peor de todo) contaminando la escena de crimen en la muerte del fiscal Nisman, debe necesariamente quedar atrás.

La imagen de un Prefecto Mayor explicando a la prensa algo tan simple como la forma en que se estaba buscando a una desafortunada joven perdida en el Río de la Plata, tiene que ser la norma y no la excepción.

Si fuéramos capaces de "resetear" la gestión, de marcar un claro punto de partida asumiendo que estamos en el fondo pero con voluntad de ascender, ganaríamos el primer paso de la batalla que el Gobierno de Cambiemos se propone dar. Y por sobre todo y sobre todos, aquel viejo dicho de 1810, sigue tan vigente como en aquel entonces. ¡El pueblo quiere saber de qué se trata! No perdamos ni más tiempo ni esta brillante oportunidad para dar a conocer la verdad.