Las entidades del campo reunidas en la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de esta provincia están preocupadas por la suba promedio de 22% en el Inmobiliario Rural, que llegará a 29% si se incluyen una serie de fondos especiales para los que aportan los productores. Los dirigentes de Cartez, Coninagro, Sociedad Rural y Federación Agraria insisten en que la caída de la rentabilidad impide afrontar el alza. Incluso reclaman una baja del 30 por ciento.

El vicepresidente de la Sociedad Rural, Gabriel De Raedemaeker, además vicepresidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez) y director de la Sociedad Rural de Oliva, afirmó a LA NACION que hay "mucha preocupación" porque "independientemente de los argumentos del gobierno, los números de los productores no permiten ningún tipo de actualización del impuesto".

El cedulón del Inmobiliario Rural, además del impuesto, incluye otros ítems, como el Fondo para Consorcios Camineros, que se actualizará 29%; el aporte para los consorcios canaleros, que sube 360%; el que va a obras en municipios, con un alza de 53%, y el de Infraestructura y Gasoductos, 5,9%. De Raedemaeker explicó que, por ejemplo, los mayores recursos para los consorcios canaleros son una demanda del sector, "pero sobre la base de una redistribución de dinero, no de una suba de la presión impositiva. Que vaya menos a publicidad y más a obras".

Según las entidades agropecuarias, en 2016 el campo aportará $ 2017 millones por los cuatro fondos específicos y el impuesto inmobiliario base; es 35% más que lo que contribuyó este año.

El ministro de Finanzas, Ángel Elettore, minimizó el impacto de las subas. Dijo que los productores más chicos pagarán menos. Unas 135.000 cuentas de menos de 50 hectáreas tendrán un incremento de menos de 10% y otras 65.000 recibirán un cedulón superior a ese porcentaje. Para las entidades, en cambio, habrá quienes paguen hasta 50% más.

Marco Giraudo, presidente de Coninagro, recordó que hace dos años, cuando el gobernador José Manuel de la Sota le pidió al campo un apoyo de $ 400 millones, se lo dieron. "Ahora la crisis del sector es importante y la provincia tiene que reducir la presión impositiva".

El tesorero de Cartez, Walter Bonzi, explicó que el pedido concreto es una rebaja del 30% del Inmobiliario Rural porque "los números del campo son negativos". Las entidades coinciden en que tal vez más adelante -si hay medidas nacionales en favor del sector- podría rediscutirse la carga tributaria.

El presidente de la delegación Córdoba de Federación Agraria, Agustín Pizzichini, dijo que "no hay rentabilidad en el campo; salvo la carne, la rentabilidad es cero; en el cinturón verde la crisis es significativa".

FAA emitió un documento que indica que los precios de la producción agropecuaria cordobesa registraron caídas de entre 20 y 40% este año y que, además, el campo fue afectado por desastres naturales como las inundaciones. También menciona la suba de costos. Planteó que el Inmobiliario Rural de Córdoba es más alto que en Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe: "Los productores deben hacer aportes extras a los consorcios canaleros, a los camineros y a la policía rural, ya que los ítems del Inmobiliario que supuestamente deberían llegar para estas cuestiones nunca llegan en tiempo y forma".

La Mesa de Enlace provincial entiende que la administración de De la Sota, hasta fines de 2014, tuvo "una disposición al trabajo mancomunado para resolver situaciones preocupantes". A partir de ese momento, agrega, "resultó infructuosa toda tratativa encaminada a reiniciar los encuentros", dijeron.

Quejas de la industria

La Unión Industrial de Córdoba rechazó el proyecto en análisis en la Unicameral de gravar con Ingresos Brutos la producción industrial, a la vez que se opone a la creación del fondo para el financiamiento de obras de infraestructura, "que genera un costo adicional para la actividad privada".

El presupuesto y esquema impositivo para 2016 fue consensuado entre la administración delasotista y el gobernador electo, Juan Schiaretti.



La Nación