La recesión en la economía de Brasil ya tiene un fuerte impacto en el mercado laboral. El desempleo alcanzó el 8,6% en el trimestre concluido en julio, según confirmó ayer el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que alertó sobre el alto ritmo al que se están perdiendo puestos de trabajo.

Se trata de la mayor tasa de desocupación desde 2012, cuando comenzó a aplicarse un nuevo indicador de carácter trimestral que mide la situación en todo el país, a diferencia del anterior, que sólo la calculaba para las principales áreas metropolitanas. En comparación con el trimestre anterior (febrero-abril), cuando había 8 millones de personas sin empleo, o el 8% de la población económicamente activa, la desocupación afectaba ya a 8,6 millones de brasileños hasta julio. En tanto, si la cifra se contrasta con el mismo período de 2014, hubo un aumento del 26,6%, o 1,8 millones de personas más sin empleo.

"Este aumento fue significativo. Fue un incremento de la desocupación más intenso que el verificado en años anteriores para el período observado. Ya van nueve trimestres que hay aumento de la tasa de desocupación", advirtió Cimar Azevedo, coordinador de Trabajo y Rendimiento del IBGE.

El especialista explicó que el alza notoria en el desempleo se debe a dos factores. Por un lado, al cierre de puestos de trabajo, es decir, a empresas que despiden empleados formales. Por otro, a que debido a la desaceleración económica y el aumento de la inflación se encarece el costo de las universidades privadas y hay menos dinero para becas de estudiantes, por lo que muchos jóvenes que antes decidían continuar sus estudios ahora están en busca de empleos que no encuentran.

"Hubo un gran ingreso de personas al mercado que no fueron contratadas. Consecuentemente, fueron a engrosar las filas de desocupados. El mercado prácticamente no contrató", apuntó.

La revelación de este indicador negativo generó gran preocupación en el gobierno de Dilma Rousseff, que se ufanó de haber creado numerosos puestos de trabajo pese a la crisis que afectó al mundo en los últimos años. La presidenta, que tiene el 7,7% de respaldo de acuerdo en las últimas encuestas, teme que el aumento del desempleo profundice el nivel de su impopularidad.

Desde que en enero asumió su segundo mandato, Dilma impulsa un ambicioso programa de ajuste para equilibrar las cuentas públicas, pero la mala situación económica le dificultó los esfuerzos, a tal punto que el mes pasado el gobierno se vio obligado a presentar al Congreso, por primera vez en su historia, un presupuesto con déficit para 2016. Eso llevó a Standard & Poor's a rebajar la nota crediticia de Brasil, haciéndole perder al país su codiciado grado de inversión.

Desde entonces, el equipo económico de Dilma diseñó nuevas propuestas para convertir el déficit del 0,5% del PBI en el presupuesto del próximo año en un superávit del 0,7%. Sin embargo, las iniciativas -entre las que se destacan el recorte de ministerios, el congelamiento de sueldos de empleados públicos, la reducción de inversiones en programas sociales y la creación de un nuevo impuesto a las transacciones financieras- despertaron gran resistencia en el Congreso, en el empresariado y hasta en los sindicatos vinculados al oficialista Partido de los Trabajadores (PT).

Para intentar convencer a los legisladores de apoyar el nuevo paquete de austeridad, especialmente a aquellos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal aliado del PT, Dilma negocia contra reloj cambios en su gabinete -ayer despidió por teléfono al ministro de Salud, Arthur Chioro- para otorgarle al PMDB más ministerios que los que ahora tiene bajo su control (además de la vicepresidencia, a cargo de Michel Temer).

Se teme que si las nuevas medidas de ajuste no son aprobadas pronto por el Congreso, alguna de las otras dos agencias internacionales de riesgo -Moody's y Fitch- rebajen también sus calificaciones, lo que podría llevar a una fuerte salida de capitales del país. (La Nación)