La Comunidad Agroalimentaria (CA) de Córdoba manifestó su preocupación por el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el que rechazó los recursos de casación presentados por los productores agrícolas Francisco Parra y Edgardo Pancello, condenados por infringir la Ley de Residuos Peligrosos "afectando así el medio ambiente de barrio Ituzaingó".

A través de un comunicado, la entidad planteó que esta decisión "pone en alerta a todos los productores, aplicadores, ingenieros agrónomos y demás agentes vinculados con la producción agrícola provincial".

Argumentos

El principal argumento esgrimido por la CA es que el fallo pone a la Ley de Residuos Peligrosos por encima de la Ley de Ordenamiento Territorial y así "se genera un panorama de incertidumbre en el sector respecto a cuál es la normativa que legisla y regula su actividad, lo que se traduce en una absoluta inseguridad jurídica".

De este modo, para la Comunidad Agroalimentaria esto conlleva "el riesgo de que algunos actores queden injustamente involucrados en una acusación penal por la realización de una tarea que, en nuestro país y el mundo entero, está permitida y reglamentada, y que cuenta con autoridades encargadas de fiscalizar y sancionar la metodología empleada en su utilización si la misma contraviene lo dispuesto en la legislación regulatoria".

"Este fallo y cualquier otra consideración que se realice sobre la utilización de estos productos invocando la Ley 24.051 u otra norma que considere a los mismos y sus formulaciones como un residuo peligroso, determina una severa limitación al normal desarrollo de la producción agropecuaria y del sector agroindustrial en general que, en la provincia de Córdoba, es responsable del 29 por ciento del empleo, 91 por ciento de las divisas generadas y 33 por ciento del Producto Bruto Geográfico", plantó su posición la CA.


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