Por el progresivo desabastecimiento de productos básicos, los saqueos a supermercados se convirtieron en una práctica habitual en Venezuela: en el primer semestre del año se produjeron 56 saqueos y 76 intentos de asalto a locales en todo el país, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), una ONG que realiza un rastreo diario de las protestas.

Según la organización, que no ofreció cifras comparativas de años previos, casi seis veces a la semana se producen saqueos o intentos de saqueos en Venezuela, que computan con colaboradores en todo el país.

"El OVCS ve con mucha preocupación el aumento de actos vandálicos (...) resultado de la escasez, el desabastecimiento y la impunidad", dijo la entidad, en un informe en el que contabilizó, por lo menos, 2836 protestas en los primeros seis meses del año, un promedio de 16 protestas diarias en todo el país.

Uno de los incidentes más violentos se produjo el domingo pasado. Molestos por el cierre temporal de un supermercado estatal en la ciudad de San Cristóbal, una turba dejó a empleados del local con moretones en el cuerpo y arañazos en el rostro mientras intentaba saquear el local. Algunos de los agresores, que iban en busca de bienes de primera necesidad que hoy escasean en el país, retuvieron a clientes del Abasto Bicentenario, pero fueron apresados rápidamente por la policía y miembros de la Guardia Nacional.

Edward Pérez, gerente del supermercado estatal que vende a precios regulados, contó que el cierre se produjo al mediodía, antes del horario habitual, por mantenimientos programados en todos los locales del país.

"Cuando íbamos a cerrar, sorpresivamente un grupo de 20 personas empezaron a aupar a la gente, a protestar y a gritar improperios contra el gobierno y los trabajadores", dijo Pérez. "No cabe duda de que detrás está la ultraderecha y sectores de la oposición que pretenden seguir con su agenda violenta y de guerra económica", dijo Pérez, el gerente del Bicentenario en San Cristóbal, haciendo eco de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro.

El incidente es uno más de una serie de saqueos e intentos de robo que están aumentando en Venezuela, en medio de un agravamiento de la falta de productos básicos que crea un fértil caldo de cultivo para las protestas contra el gobierno chavista.

Para las autoridades, estos actos de violencia son orquestados por la oposición, a quien también acusa de acaparar productos para generar una sensación de escasez.

Un día antes del saqueo frustrado en San Cristóbal, otra turba intentó desvalijar un supermercado estatal en la ciudad sureña de San Félix -donde el viernes asesinaron a una persona tras una serie de robos-, pero un contingente antimotines de la Guardia Nacional lo impidió.

Y esta semana, diarios regionales y usuarios de Twitter informaron, por lo menos, de un intento de saqueo diario. Anteayer, varias personas saquearon dos camiones que transportaban comida en la localidad de Sinamaica, próxima a la frontera de Colombia. La turba se dirigió más tarde al centro de la localidad y prendió fuego a la alcaldía.

Para la oposición, los saqueos son urdidos por "ciudadanos desesperados por el hambre y la escasez" producto de la "destrucción de la economía perpetrada por el gobierno", según señaló la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición de partidos de la oposición.

La reducción en los niveles de inventarios ha obligado a muchas empresas de alimentos y bebidas a paralizar su producción.

El Banco Central no da cifras de escasez desde hace más de un año, pero, según una reciente encuesta de la firma Datanálisis, el 83% de los encuestados cree que la situación de abastecimiento es mala y, la mayoría, culpa de ello a Maduro.

A pesar de que Venezuela atraviesa una recesión económica con la inflación más alta de América, los analistas no creen que se vuelvan a repetir protestas como las protagonizadas por opositores a principios de 2014, con el trágico saldo de 43 muertos.

"Por ahora, sin embargo, el potencial para una explosión social y una crisis más aguda parece estar contenido", dijo la consultora Eurasia, y agregó que tras las elecciones parlamentarias de fin de año la crisis podría agravarse.

El último viernes de julio, Josefa Bracho, una profesora de 70 años, fue acuchillada en la fila de un supermercado. Mientras esperaba para entrar a un mercado en una zona de clase media de la ciudad central de Barquisimeto, una revendedora le hizo un tajo de unos 15 centímetros en el muslo derecho tras reclamarle por adelantarse en la enorme fila. "Teníamos como cuatro horas haciendo cola y llegaron tres mujeres y se pusieron por delante. Al rato, ella pasó y me cortó la pierna con un bisturí. Sentí como un ardor", relató Bracho.

CRÍTICOS BAJO AMENAZA EN VENEZUELA

La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió ayer en un comunicado que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y políticos aliados en la Asamblea Nacional (AN) están usando el sistema de justicia penal para perseguir a sus críticos.
"La realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes", señaló José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW.
La organización documentó 31 casos en Caracas y 4 en otros estados de personas que enfrentan cargos penales o fueron amenazadas con ser investigadas por haber criticado públicamente al gobierno. Entre éstas, 22 se refieren a personas vinculadas con los medios que difundieron información sobre los supuestos vínculos de Diosdado Cabello, presidente de la AN, y el narcotráfico. (Agencias)