A as 7.45 un grupo de funcionarios judiciales, enviados desde Buenos Aires por el juez Claudio Bonadio, golpeó la puerta del juzgado federal de Río Gallegos. Llevaban un encargo incómodo dirigido a la jueza local: Bonadio le pedía que fuera a las oficinas del hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, a buscar documentos sensibles vinculados con sus negocios familiares.

Los enviados de Bonadio no llegaron solos. Para ejecutar esa y las demás órdenes de presentación -35 en total- viajó también personal de la Policía Metropolitana, la fuerza que depende de Mauricio Macri.

La jueza local, que no tenía muchas alternativas, cumplió con el encargo. Fue así como los policías se presentaron en la inmobiliaria de Máximo Kirchner, en Río Gallegos, a reclamar la documentación. El hijo de la Presidenta no estaba, pero los empleados cumplieron con los pedidos. Ellos tampoco tenían chances de negarse: si no entregaban los papeles, las autoridades estaban habilitadas para allanar y llevárselos por la fuerza.

En esa inmobiliaria tienen domicilio varias empresas de los Kirchner, entre ellas Idea SA y Hotesur SA, la firma con la que controlan sus principales hoteles patagónicos. Pero, además, la inmobiliaria es el centro operativo de Máximo Kirchner, tanto de sus negocios como de sus reuniones políticas, multiplicadas desde que es candidato a diputado nacional por Santa Cruz.

Su socio en la inmobiliaria es, desde hace años, Osvaldo Sanfelice. Él tampoco estaba ayer en las oficinas de Av, Néstor Kirchner 496 cuando llegó la Metropolitana. Sanfelice estaba a 300 kilómetros, en el hotel Alto Calafate, uno de los administrados por Hotesur. Alto Calafate fue ayer blanco de uno de los 35 operativos.

La contabilidad de Hotesur es clave para esta causa. Bonadio investiga si a través de esta firma la familia presidencial participó de una maniobra de lavado de dinero. La contraparte principal en sus negocios fue Valle Mitre SA, del empresario Lázaro Báez, empresa que durante años gerenció los hoteles de la Presidenta y que le pagó millones de pesos por el alquiler de cientos de habitaciones que jamás fueron usadas.

Gracias a acuerdos celebrados con siete de las empresas de los Báez, el hotel Alto Calafate se garantizó un tercio de ocupación mínima, todos los meses, durante varios años. Sólo entre 2010 y 2011 fueron más de diez millones de pesos.

Ayer, las órdenes de presentación de Bonadio incluyeron operativos en sociedades de la familia presidencial y de los Báez, así como en los bancos Nación, Patagonia y Santa Cruz, informaron fuentes de la causa. De las 35 órdenes, 24 fueron ejecutadas en Santa Cruz; diez, en la ciudad de Buenos Aires, y una, en Bariloche, en el hotel El Retorno, que derivaba fondos al Alto Calafate. El Retorno es de otro empresario kirchnerista: Cristóbal López.

Fuentes judiciales informaron ayer a LA NACION que estos operativos tenían un objetivo común: hacerse de toda la documentación contable disponible que hubiera en las empresas. El 30 de junio pasado, Bonadio ordenó un gran peritaje contable en esta causa. Hasta ahora el juzgado había mantenido esta medida en reserva. Se le encomendó al cuerpo de peritos contables de la Corte Suprema. Fueron estos peritos los que le dijeron a Bonadio que para poder hacer el estudio que el juzgado quería necesitaban la documentación que ayer el juez mandó a buscar.

Una vez que todos los papeles lleguen a Buenos Aires, comenzará el estudio, que buscará determinar si las transacciones declaradas coinciden con operaciones realmente realizadas y conocer cuál fue el nivel de ocupación verdadero de los hoteles.

Ayer, además, Bonadio informó a las partes del peritaje que dispuso para que las defensas puedan presentar expertos que las representen y participen de los estudios. En el juzgado calculan que el peritaje debería estar listo en dos o tres meses. Si fuera así, podría traerles nuevos problemas a los Kirchner muy pronto, justo antes de las elecciones presidenciales de octubre.

Distintos voceros del oficialismo reaccionaron ayer indignados con la decisión de Bonadio (ver aparte). Los diputados kirchneristas denunciaron un "hostigamiento" contra Máximo Kirchner, a quien el ministro de Justicia, Julio Alak, definió como un "joven moralmente honesto" e "intelectualmente lúcido". El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, acusó a Bonadio de haber montado una "maniobra política electoral" contra el Gobierno. "Van a allanar con la Policía Metropolitana, que conduce Macri. ¿No tiene más gestos políticos para hacer? Faltaba que el juez fuera con los globos de Pro", se quejó Aníbal Fernández. "Si hacerlo con la Metropolitana era favorecer a Macri, ¿hacerlo con la Federal favorecería a Cristina?", le contestó un funcionario del juzgado.

Bonadio, que había convivido durante años con los Kirchner sin mayores problemas, se convirtió en los últimos tiempos en el juez que más inconvenientes les trajo. Procesó a varios funcionarios -incluido Amado Boudou por los papeles de un auto- y el oficialismo quiso echarlo. Este año, no obstante, la situación parecía haberse tranquilizado, pero la calma duró muy poco. (La Nación)