El orden de los seis grandes reclamos que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) presentó ayer para quienes gobiernen la Argentina tras las elecciones de octubre fue llamativo: la necesidad de morigerar la presión fiscal por vía de una baja de retenciones apareció al final porque se dio prioridad a “la necesidad de contar con un tipo de cambio único y competitivo”. La entidad agropecuaria con mayor despliegue territorial, así, le puso palabras a lo que muchos hablan todavía a escondidas.

Los dirigentes de las confederaciones desfilaron contando las penurias de las diferentes actividades productivas de cada región. “Con este dólar planchado es imposible pensar en cualquier negocio de exportación de lana o de carne de cordero”, dijo Hernán Alonso en nombre de las sociedades rurales de Chubut. Desde la otra punta del mapa, el salteño Carlos Segón indicó que ninguna actividad tiene hoy rentabilidad (mencionó al azúcar, la vitivinicultura, el tabaco y hasta la soja). 

Y se permitió una broma al hablar del maíz: “Si mandamos un camión a Rosario en vez de un cheque recibimos una nota de débito”. Actualmente el agro cobra sus productos de precios dolarizados al tipo de cambio oficial menos las retenciones (que van del 5% al 35%), mientras que los reintegros han prácticamente desaparecido y los costos de producción –por vía de una persistente inflación y el desdoblamiento cambiario- se ubican en niveles mucho más cercanos a los del “dólar blue”.

Juan Rey Kelly, economista de la organización rural, dijo que lo primero que deben resolver las nuevas autoridades es diseñar las políticas públicas que permitan un salto productivo y de las exportaciones de alimentos al mundo, como modo de generar mayores divisas. Como tantos otros especialistas del sector, vaticinó que el país puede elevar sus cosechas en 2020 de las 105 millones de toneladas actuales a unas 150 millones. Y con la leche y la carne otro tanto. Pero siempre y cuando el sector recupere “competitividad”. Para ello, CRA reclamó además que se trabaje en pos del equilibrio fiscal, la eficiencia en el gasto público, el control de la inflación y en lograr “una presión impositiva sustentable” entre las necesidades del Estado y las del sector privado.