La "voz de las calles", que ayer volvió a escucharse en una manifestación que terminó con saqueos e incidentes en Belo Horizonte, asustó al Congreso de Brasil.
 
En diligentes sesiones, tanto la Cámara de Diputados como el Senado aprobaron ayer varias leyes que buscan responder a los fuertes reclamos por mejores servicios públicos y en contra de la corrupción desplegados en las protestas de los últimos días.
 
El Supremo Tribunal Federal no se quedó atrás y, por primera vez en la historia, ordenó la prisión de un legislador condenado por desvío de dinero público.
 
"Fueron las calles las que levantaron la ceguera en que se encontraba la clase política", señaló el diputado Domingos Dutra, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), al comentar el trámite "exprés" que se les dio a estas cuestiones, en la mayoría de los casos propuestas que hacía tiempo dormían en el Congreso.
 
Así, después de años de estancamiento, durante la madrugada, la Cámara de Diputados dio el visto bueno al proyecto para destinar el 75% de las ganancias obtenidas de la explotación petrolera a educación y el 25% para la salud.
 
La Cámara también rechazó masivamente la impopular propuesta de enmienda constitucional que pretendía limitar el poder de la Fiscalía General para investigar casos de corrupción (la PEC 37) y redujo impuestos sobre el transporte colectivo. Por su parte, una comisión clave de Diputados ya aceptó terminar con el voto secreto de los legisladores cuando se esté decidiendo la destitución de parlamentarios acusados de delitos.
 
En el Senado, bajo presión popular también, se aprobó un proyecto que transforma la corrupción en "crimen repugnante", aumenta las penas y establece obstáculos para que los condenados no puedan obtener beneficios como la libertad condicional o el indulto.

 
El presidente de la Cámara alta, Renan Calheiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, aliado al gobierno), destacó que el Senado votará en los próximos días proyectos relacionados con los cinco pactos propuestos el lunes por la presidenta Dilma Rousseff sobre responsabilidad fiscal, reforma política, educación, salud y transporte- en respuesta a las reivindicaciones principales que hicieron los manifestantes que tomaron las calles del país en las últimas semanas.
 
"No habrá receso hasta que agotemos esta agenda que es prioritaria para el Congreso", destacó Calheiros.
 
Los proyectos respaldados por cada una de las cámaras deberán ser todavía aprobados por la otra. Irónicamente, muchos de los líderes congresistas ahora defensores de las causas planteadas durante las protestas están ellos mismos denunciados o sospechados de irregularidades.
 
Por su parte, el Supremo Tribunal Federal ordenó ayer la "captura inmediata" del diputado Natan Donadon (PMDB), condenado, hace tres años, a 13 años de prisión por el desvío de 3,6 millones de dólares de la Asamblea Legislativa de su estado natal de Rondonia, en la que él estaba a cargo de las finanzas. Donadon era diputado desde 2003 y había sido reelegido en 2010; por sus privilegios legislativos había evitado cumplir la condena.
 
Es lo que ha sucedido también hasta ahora con todos los ex jerarcas del PT y políticos de otros partidos que el año pasado fueron condenados por corrupción en el caso del escándalo del "mensalão", que sacudió el primer mandato de Luiz Inacio Lula da Silva. Todos siguen presentando recursos legales para evitar cumplir las penas impuestas por el Supremo Tribunal Federal.
 
En las redes sociales, los brasileños comentaban con sarcasmo el repentino interés de las autoridades en la lucha contra la corrupción y la mala utilización de los recursos. "Sólo les falta cancelar el Mundial de fútbol", escribían. Uno de los reclamos más escuchados en las protestas fue que Brasil estaba gastando demasiado dinero en grandes estadios para ese torneo deportivo internacional cuando el país sufre profundas deficiencias de servicios públicos.
 
Por la tarde, en Belo Horizonte, donde Brasil venció a Uruguay en la semifinal de la Copa Confederaciones, más de 50.000 personas marcharon hacia el estadio Minerão bajo un fuerte operativo de seguridad. Aunque la manifestación fue masivamente pacífica, un grupo de exaltados protagonizaron choques con la policía y luego incendiaron una concesionaria de autos; al final, hubo 25 heridos. De todas formas, no se dio la batalla campal que muchos temían.
 
Mientras tanto, en el Palacio del Planalto, la presidenta Rousseff definía ayer los detalles de cómo y cuándo convocar al plebiscito anunciado por ella para llevar adelante la reforma política, que incluirá asuntos como la financiación de partidos y el tipo de representatividad de los candidatos. Su idea es que ésta ya se aplique para los comicios presidenciales de 2014, en los cuales se juega la reelección.
 
Asimismo, la mandataria se reunió con dirigentes de los principales sindicatos -históricos aliados del PT-, quienes reiteraron su intención de convocar a un "día de lucha" el 11 de julio, para sumar sus voces a las de las protestas. Ahora, nadie se quiere quedar afuera..



Fuente: LA NACION