El Gobierno condicionó el pago de la ayuda a los pequeños productores agrícolas (para lo que creará un fondo de $ 2500 millones) al ritmo de liquidación de divisas que haga el sector, una forma de presión para que no se guarden la cosecha. Incluso podría llegar a pagar menos según cómo evolucionen los ingresos.

Ayer, con la publicación de la resolución 126 del Ministerio de Economía, se oficializó el anuncio que hicieron el lunes pasado la presidenta Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Axel Kicillof, destinado a 46.121 productores chicos de hasta 700 toneladas.

La norma confirma que no habrá política segmentada, pese a que la Presidenta lo insinuó, porque no se cambiarán las alícuotas de las retenciones. Además, las retenciones no serán devueltas, sino que el beneficio será una compensación económica con dinero del Tesoro.

El órgano de aplicación será la Secretaría de Comercio, lo que significa que el Ministerio de Agricultura quedó relegado, y los productores deberán pasar por el filtro de la AFIP. El beneficio comprenderá el período enero-diciembre de 2015 y podrá ser prorrogado, algo que deberá decidir el próximo gobierno cuando asuma.

El artículo 6° de la resolución sostiene que el fondo se pagará mensualmente. Sin embargo, el artículo 7° dice que Comercio proyectará la liquidación de divisas de trigo, soja, maíz y girasol y la cruzará con los datos del Banco Central. Y alerta que en el supuesto de que la liquidación efectiva difiera de lo estimado por Comercio, el pago será proporcional a esa diferencia, pero nunca podrá ser más que lo definido.

"Los pagos no son automáticos, sino que la Secretaría de Comercio los irá aprobando mes a mes de acuerdo a sus estimaciones de liquidación de divisas, cruzadas con los datos efectivos del Banco Central. Entonces, queda abierta una herramienta para no pagar, o pagar menos, argumentando que el sector tiene guardada la cosecha en silos", expresó Hugo Rossi, de Rossi Amadeo Abogados.

Con el artículo 11°, la Secretaría quedó facultada para dictar normas reglamentarias. Para Rossi, esto significa que ese organismo podría poner más requisitos para acceder al programa.

El especialista consideró también "excesivos" los requisitos para el programa y le apuntó a la AFIP. "Otra vez se exige que estén inscriptos en el Registro Fiscal de Operadores de Granos. La AFIP tiene amplísimas facultades para suspender y hasta excluir a los productores de ese registro. Bastaría esa simple medida para que no se cobre el beneficio", dijo.

Los considerandos del programa son contradictorios con lo que hizo el Gobierno en los últimos años respecto del campo.

"Es curioso leer que esto se hace en el marco del proyecto nacional de crecimiento con inclusión social, cuando desaparecieron más de 60.000 productores en los últimos años, y que es prioridad para el Estado ejecutar políticas incentivando la inversión productiva, cuando se les han quitado más de 76.000 millones de dólares a los productores en concepto de derechos de exportación", opinó Ernesto Ambrosetti, economista de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

NO ALCANZA

Según un informe de Juan Manuel Garzón, economista del Ieral (Fundación Mediterránea), los recursos que los productores ceden por retenciones y los cupos a la exportación, que en trigo y maíz implican una retención adicional, no serán compensados por el fondo.

"Un pequeño productor de hasta 100 toneladas que hace solamente soja recuperará el 34% del ingreso que resigna por los derechos de exportación. Si produce entre 300 y 400 toneladas de soja estará recuperando sólo el 13,7% del ingreso cedido", explicó.

Hoy, un productor que vende soja transfiere al Estado por las retenciones $ 1317 por tonelada. En el caso del trigo, cede $ 845 por tonelada, mientras que en maíz deja de cobrar $ 446 por tonelada, sumando el efecto retenciones y cupos a la exportación.

Según Garzón, los recuperos para los productores serán más altos en los cereales de trigo y maíz. Para un productor de 100 toneladas puede significar recuperar el 100,8% en maíz y el 53% en trigo, pero esos porcentajes bajan a 10,1 y 5,3%, respectivamente, si hacen entre 600 y 700 toneladas. El trabajo destaca que sólo las explotaciones muy chicas accederán a las mayores compensaciones, y si hay al menos tres cultivos (soja, maíz y trigo), algo vital para los suelos, se deberá bajar el tamaño de la explotación para que ingrese al beneficio.

EMERGENCIA DEL AGRO EN CÓRDOBA

El gobierno de José De la Sota declaró la emergencia agropecuaria para los establecimientos rurales que sufrieron con las recientes inundaciones. La aplicación es sobre la base de un sistema que toma las zonas según las cuencas hidrogeográficas, lo que permite incluir a todas las unidades perjudicadas, sin importar su ubicación.

El principal beneficio es la prórroga del pago del Inmobiliario rural (hasta un 50 por ciento de afectación) o la exención si se supera el 70 por ciento. Para la producción agrícola, la medida alcanza hasta el 30 de junio y para ganaderos y tamberos se extiende hasta el 31 de diciembre próximo. Si siguen los anegamientos puede haber prórroga.

El productor afectado debe presentar la declaración jurada georreferenciada de daños.