En momentos en los que el gobierno del presidente Nicolás Maduro se radicaliza con la oposición política, elasesinato de un estudiante de 14 años en una marcha antigubernamental en San Cristóbal, epicentro de las protestas estudiantiles que hace un año se extendieron a todo el país, avivó laindignación de los venezolanos frente a la represión armada.

El director de Seguridad Ciudadana del estado Táchira, Ramón Cabezas, dijo que Kluiverth Roa, de 14 años y estudiante de secundaria, murió tras un disparo de un policía que intentaba dispersar a quienes protestaban por los problemas económicos del país y por la represión del chavismo a la oposición política.

Las imágenes de la televisión mostraban a Roa tirado en una calle, muerto por un presunto balazo en la cabeza.

El concejal opositor José Vicente García, presidente de la comisión de derechos humanos del Consejo Municipal de San Cristóbal, precisó que el joven murió de un impacto de escopeta en medio de una manifestación callejera.

El legislador agregó que el peritaje policial reveló que el adolescente recibió en la cabeza un impacto que tenía residuos de pólvora. "Eso quiere decir que efectivamente fue disparado por una escopeta'', agregó.

Según las investigaciones, Roa resultó gravemente herido cuando manifestantes se enfrentaron con la policía que trataba de contener la protesta en los alrededores de la Universidad Católica del Táchira.

En las últimas semanas, las manifestaciones contra el gobierno socialista de Maduro han arreciado en la volátil San Cristóbal, cerca de Colombia, centro de las protestas que tuvieron en vilo al país petrolero a principios del año pasado y que dejaron 43 muertos en todo el país después de que el sector más duro de la oposición se sumara a ellas y exigiera la renuncia del presidente.

Sólo unas horas después de la muerte de Roa, diversos políticos de la oposición empezaron a reclamar la renuncia del gobernador del estado Táchira, el oficialista José Vielma, y el cese de la represión de las fuerzas policiales. "Basta de matar a los jóvenes de nuestra patria", escribió el ex candidato presidencial y líder de la oposición Henrique Capriles en su cuenta de Twitter@hcapriles.

La muerte de Roa se produce después de que el Ministerio de Defensa venezolano autorizara, a principios de este año, el uso de armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad que repelen las manifestaciones en el país, cuando consideren que se han tornado violentas.

La policía y los militares en Venezuela emplearon en 2014 fuerza excesiva para dispersar protestas, y decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente y vieron negado su acceso a abogados y médicos, según el informe anual de Amnistía Internacional sobre el estado de las libertades en el mundo, publicado ayer en Londres.

La organización también consignó denuncias de torturas y malos tratos a manifestantes y transeúntes, la utilización del sistema judicial para silenciar a los críticos del gobierno, la persecución a personas que defendían los derechos humanos por medio de la intimidación y ataques, y las duras condiciones de reclusión.

En los últimos meses, el gobierno chavista aumentó la presión sobre la oposición política, que asegura que el 42,8% de sus alcaldes tiene procesos judiciales en su contra.

La semana pasada, el alcalde metropolitano de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, fue imputado por supuesta conspiración para generar violencia después de que, junto con la ex diputada María Corina Machado y el dirigente detenido Leopoldo López, firmó un "acuerdo para la transición", sindicado por Maduro como la clave que activaría un golpe de Estado en su contra.

Los legisladores oficialistas, en tanto, se disponían ayer a iniciar el procedimiento para retirarle el fuero al diputado opositor Julio Borges y abrirle un juicio por su presunta vinculación con una conspiración contra el gobierno (ver aparte).

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó ayer "profunda preocupación" por la situación del Estado de Derecho en Venezuela y exigió la liberación de los líderes de la oposición encarcelados de forma preventiva en la prisión de Ramo Verde, en Los Teques.

La CIDH, organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), criticó en un comunicado la situación del opositor López, del ex alcalde Daniel Ceballos y de Ledezma.

"La CIDH manifiesta su profunda preocupación ante la situación del Estado de Derecho en Venezuela y las consecuencias para la vigencia plena de los derechos humanos", destacó el organismo interamericano en la nota emitida desde Washington. Los gobiernos izquierdistas de la región desestiman las denuncias de la CIDH, a la que acusan de servir a Estados Unidos.

En Miami, más de 2500 venezolanos residentes en Florida firmaron una carta en la que le piden a Francisco que medie ante Caracas para que los estudiantes presos en la cárcel conocida como "La Tumba" sean liberados. Defensores y detractores del gobierno de Maduro, en tanto, chocaron en las primeras horas de ayer frente a la embajada venezolana en Lima. El escenario político y económico venezolano ingresó en una preocupante fase de inestabilidad. Una asfixiante escasez de productos, el alto desempleo y la mayor tasa de inflación del mundo se combinan con altos niveles de inseguridad, la polarización política y la falta de recursos del gobierno para hacer frente a los programas sociales, que se sostienen con los ingresos petroleros, cada vez más magros.