Se arrepintió y habló ante la Justicia. Contó con lujo de detalles cómo era el negocio de la venta de estupefacientes en la villa 21, en el límite entre Barracas y Parque de los Patricios.
 
En un mapa hecho a mano, precisó la ubicación del lugar utilizado como depósito. Dijo que la cocaína era comprada en Bolivia e ingresaba a la Argentina en balsas, de Paraguay a Formosa. Explicó que, para disimular, en sus conversaciones a la droga le decían "camisa", "costillita", "vacío" y "asado". Afirmó que, cada mes, los organizadores podían manejar entre 500.000 y 1.000.000 de pesos. Y que decidían no mudarse de la villa porque se trata de un lugar estratégico para mover la "mercadería" y que usaban una peluquería y quioscos como "pantalla".
 
Así, según el "arrepentido", funcionaba una organización de presuntos traficantes de cocaína que los investigadores del caso bautizaron La Banda de las Narcoesposas, porque dos de las sospechosas se habrían hecho cargo del negocio cuando fueron detenidas sus parejas, en septiembre de 2012.
 
En las últimas horas, el juez federal porteño Sergio Torres procesó con prisión preventiva por el delito de tráfico y comercio de estupefacientes a María Estela Ruiz Díaz Maciel, Estela Maris Barreto Vega, Olga Sebastiana Ruiz Díaz y Marta Eva Paiva Vega.
 
"Tanto María Estela Ruiz Díaz Maciel como Barreto Vega serían quienes ocuparían mayor jerarquía en el grupo criminal investigado, coordinando la obtención y el acondicionamiento del material estupefaciente, y también las funciones desplegadas por las otras dos acusadas", sostuvo el juez Torres en el auto de procesamiento.
 
Las cuatro habían sido detenidas el 17 de mayo pasado por detectives de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal al mando del comisario inspector Néstor Roncaglia, que fue baleado hace poco más de una semana en un presunto intento de asalto en la puerta de su casa, en Olivos.
 
Durante los allanamientos la policía secuestró 4109 "tizas" y "cápsulas" de cocaína; según surge de la investigación judicial, el material decomisado tendría un valor cercano a 1.643.600 pesos, ya que se supone que cada una de las dosis era vendida a 400 pesos.
 
El "arrepentido" también relató al juez federal Torres y a su secretario, Diego Iglesias: "La droga se compra en Bolivia, después pasa a Paraguay y de ahí la pasan en balsa para la Argentina, hasta Formosa. Una vez que ya está en la Argentina, se la coloca en camiones preparados, la traen para acá [Buenos Aires]; puede tardar semanas en llegar, se usan caminos alternativos, caminos de tierra, por eso se tarda tanto. Una vez que el camión está en la provincia va hasta la villa Itatí, en Bernal, en Quilmes, y después la van a buscar en remises. A la villa 21 llega siempre de madrugada".
 
Como se advirtió en la investigación de otras organizaciones desbaratas por el juez Torres en villas de la ciudad de Buenos Aires, la La Banda de las Narcoesposas contaba con "satélites" o "campanas". Dijo de ellos el "arrepentido": "Son pibes que consumen paco, que los ponen para que digan si viene la policía; están bien organizados, por ahí uno entra y los ve y dicen «son paqueros», pero en realidad son los que avisan que ya entró la policía, a la que le dicen «feos»; les pagan con paco".
 
En su resolución, el juez Torres sostuvo: "Se advierte que la información suministrada en su momento por quien se acogiera a la figura del «arrepentido» fue luego corroborada por la investigación llevada a cabo por el personal policial". Advirtió que las conversaciones y mensajes de texto de los imputados entre sí y con otras personas se hacían en guaraní, con "el fin de dificultar una eventual investigación".
 
La organización, según la investigación del juez Torres, no sólo se dedicaba al almacenamiento y la distribución de la droga, sino también al procesamiento de la cocaína.
 
"También he de sostener que si bien el secuestro concretado tras los allanamientos realizados sólo permitió el hallazgo de droga elaborada a base de cocaína, lo cierto es que el tenor de los mensajes expuestos también evidencia que la organización se dedicaría al tráfico de marihuana en grandes cantidades", sostuvo el juez en su resolución.
 
Afirmó Torres que Olga Ruiz Díaz se habría dedicado a la venta de droga en "menor escala" por encargo de su hermana María Estela. Y que Paiva Vega tenía como función "la guarda del material narcótico, como así también la entrega del mismo y de dinero en efectivo para el pago de las operaciones".
 
"De esta forma, queda en evidencia el acuerdo de voluntades dirigido a la concreción de las actividades de tráfico de estupefacientes, funciones que se presentan flexibles y que bien pueden variar de acuerdo con las circunstancias devenidas", concluyó el juez Torres.
 
Menos pena al que aporta datos
 
    La ley de estupefacientes 23.737 faculta al órgano judicial interviniente a reducir o incluso eximir de pena a aquel que habiendo tenido participación en el hecho dé datos útiles para la causa.
 
    Valora especialmente, en los casos de organizaciones, que el "arrepentido" revele la identidad de los coautores, "proporcionando datos suficientes que permitan el procesamiento de los sindicados o un significativo progreso en la investigación".
 
Fuente: La Nación