En su escrito de acusación, el fiscal que investiga el caso de corrupción que salpica a la familia real española pidió al juez que exculpe de todo cargo a la infanta Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI. Con esta decisión, la principal responsabilidad penal en el caso recaería en Iñaki Urdangarin, esposo de Cristina, para quien el fiscal solicita una pena de 19 años de prisión.

No obstante, el fiscal Pedro Horrach solicita al juez José Castro, que investiga el denominado "caso Nóos", que considere a la infanta, hija del rey Juan Carlos I, responsable civil a "título lucrativo" por haberse beneficiado de 587.413 euros.

En la misma causa por el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos -una supuesta entidad benéfica que presidió Urdangarin-, el fiscal pide para él una condena de 19 años y 6 meses de prisión y que pague 3,5 millones de euros de multa por el desvío de fondos públicos mediante varios presuntos delitos de corrupción, fraude fiscal y blanqueo, entre otros.

El caso Nóos investiga a una fundación sin ánimo de lucro con ese nombre presidida por Urdangarin, a la que supuestamente fueron desviados 6,1 millones de euros (unos 7,5 millones de dólares) de fondos públicos entre 2004 y 2007.

El fiscal pide que la infanta Cristina responda como responsable civil a título lucrativo, conjunta y solidariamente con Urdangarin, hasta la cuantía de 587.413 euros.

Esa cantidad es la mitad de los fondos que, según el ministerio público, ingresó de forma ilícita la empresa Aizoon, propiedad de la infanta Cristina y su esposo al 50% y que destinaron a pagar gastos personales.

Horrach sostiene que Urdangarin creó Aizoon y que la utilizó como sociedad interpuesta para percibir rentas derivadas de su propia actividad personal y pagar menos impuestos.

El fiscal considera que Cristina de Borbón, a pesar de desconocer el origen ilícito de parte de los fondos de los que se nutría Aizoon, "se benefició" porque su esposo destinó el dinero a abonar servicios y suministros de tipo personal o familiar.

En su escrito, Horrach considera que el juez Castro, de acuerdo con la ley española y su jurisprudencia, debe archivar la causa contra la infanta Cristina ante la "inexistencia de indicios racionales de criminalidad", criterio que coincide con el de los abogados del Estado.

Considera además que mantener su imputación como cooperadora en dos presuntos delitos fiscales de su marido la sitúa en una posición de indefensión basada en "una sospecha".

PAGO "INMEDIATO"

Después de conocer la petición del fiscal, el abogado de la infanta, Miquel Roca, dijo ayer que su clienta pagará de forma "inmediata" la cantidad reclamada como responsable civil, confiada en que se archivará la causa contra ella, dado que no la acusan ni el ministerio público ni los abogados del Estado, explicó el letrado.

Sin embargo, el sindicato Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, sí pidió al juez Castro que lleve a juicio a la infanta Cristina por dos delitos contra la Hacienda Pública por los que reclama para ella un total de ocho años de prisión.

El juez Castro, que imputó el pasado 7 de noviembre a la hermana del rey por dos delitos fiscales, mantenía la hipótesis de que la sociedad Aizoon era una pantalla para eludir pagos a la Hacienda española.

Por su parte, el abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, afirmó que la petición fiscal contra su cliente es "muy alta". "Parece que fuera un delito de sangre, ¿no?; como si fuera un asesinato, ¿no?", se preguntó.

Fuente: Agencias AFP, EFE y ANSA